Javier Zaragoza con el ministro de Justicia, Rafael Catalá, durante la reciente inauguración del nuevo edificio de la Audiencia Nacional.

La Fiscalía General del Estado defiende la «impecable trayectoria» de Javier Zaragoza tras pedir su cese dos víctimas de ETA

20 / 12 / 2015 10:06

Actualizado el 01 / 02 / 2016 12:45

La Fiscalía General del Estado ha defendido la «impecable trayectoria» del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, después de que este sábado los padres de dos guardias civiles asesinados por ETA pidieran el «cese inmediato» del fiscal en una carta publicada en un medio de comunicación. 

Los padres de los guardias civiles Carlos Sáenz de Tejada y Diego Salvà, asesinados por ETA en 2009, han pedido en una carta remitida a la fiscal general del Estado el «cese inmediato» de Zaragoza por una «lamentable actuación» que ha llevado a que el miembro de ETA Aitor Elizarán «lleve ya quince días en paradero desconocido».

En un comunicado, la Fiscalía ha recordado que Elizarán fue expulsado de Francia estando procesado en el sumario 3/2015, que lleva el Juzgado Central de Instrucción 3, y que «ni al tiempo del procesamiento ni con posterioridad se había acordado ninguna medida cautelar».

«De haber sido localizado, los elementos indiciarios de la causa no hubieran permitido al fiscal fundar una solicitud de prisión provisional», añaden.

De acuerdo con la Fiscalía, Zaragoza ha desarrollado una «impecable trayectoria profesional» a lo largo de diez años «de rigor y eficacia» al frente de la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

Además, señalan que «él personalmente», así como la Fiscalía que dirige, han prestado «apoyo y asistencia constantes» a las víctimas del terrorismo, «manteniendo relación con sus representantes y asociaciones y apoyando, en lo jurídicamente posible, sus iniciativas».

Por último, indican que en el año 2006 creó el Servicio de Asistencia y Protección a las Víctimas del Terrorismo dentro de la Fiscalía, que en los años siguientes designó un fiscal coordinador específico para la lucha contra el terrorismo de ETA y que, tras elaborar en el año 2011 un informe sobre el estado de todas las causas de terrorismo de ETA que estaban sobreseídas, nombró a dos fiscales para proceder al estudio, y en su caso reapertura, de todas ellas. EP.

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