La asociación progresista Jueces para la Democracia (JpD) presentará un recurso contra el acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por discriminar a la ONG Rights International Spain (RIS) injustificadamente en los cursos de formación a jueces y magistrados.
«Hemos acordado presentar un recurso contra el acuerdo de la Comisión Permanente por vulnerar el principio de igualdad y discriminar a RIS de forma injustificada», explicó a Confilegal Joaquim Bosch, portavoz de JpD.
«Y por no motivar en modo alguno esa decisión», añadió.
Lydia Vicente, directora de RIS, también quiere conocer las razones que han motivado la exclusión de su organización.
«Nos gustaría saber porqué el CGPJ ha tomado esa decisión que nos excluye. Parte de nuestro trabajo es, precisamente, dar formación en derechos humanos», cuenta Vicente. «Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales han constatado, precisamente, una evidente falta de formación en derechos humanos en los operadores jurídicos. Dejarnos fuera tres años, que es lo que le queda a este Consejo, es muy serio porque la formación es una de nuestras funciones. Por eso queremos conocer las razones».
La Comisión Permanente del CGPJ decidió, el pasado 3 de diciembre, dejar fuera, de forma expresa, a esta ONG, en los tres cursos de formación que la propia RIS había propuesto y en los que participan otras organizaciones como Amnistía Internacional, Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (AEDIDH) o Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE).
«No podrá existir participación de persona o entidad alguna que tenga vinculación, directa o indirecta, con la organización Rights International Spain«, dice textualmente el acuerdo de la Comisión Permanente.
Dicha decisión no ha sido motivada, como sí ocurre con el resto de los acuerdos tomados ese día.
Los cursos propuestos por RIS vetados son “La protección y promoción de los derechos humanos a la luz de los principios y directrices de Naciones Unidas; “La memoria histórica en el marco del Derecho Internacional” y “El derecho a la traducción e interpretación en los procesos penales tras la reforma de la LECr para adaptarla a la Directiva 2010/64/UE”.
Según fuentes del CGPJ, el veto habría estado promovido por el presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, molesto por las denuncias que RIS interpuso ante Naciones Unidas y la Comisión Europea, junto con JpD y Foro Judicial Independiente, por el sistema de nombramientos judiciales. En especial por el cese de José Manuel Sieira como presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo.
