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Cantabria, Cataluña, Comunidad Valenciana y País Vasco no llegarán al objetivo de “papel cero” el 1 de enero de 2016

La Comunidad Valenciana es la que está a la cola de la implantación del papel cero en España, según Catalá.La Comunidad Valenciana es la que está a la cola de la implantación del papel cero en España, según Catalá.
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Cantabria, Cataluña, Comunidad Valenciana y País Vasco son las cuatro Comunidades Autónomas que no llegarán al objetivo de “papel cero” marcado por el Ministerio de Justicia, del 1 de enero de 2016, que establece la obligación a los profesionales y a la Administración de Justicia de comunicarse por medios electrónicos en toda España, según el ministro de Justicia, Rafael Catalá.

El ministro ha explicado, en rueda de prensa, que Cataluña, Cantabria y País Vasco han informado al Ministerio de que no podrán cumplir con la fecha prevista por la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil en el orden jurisdiccional penal, pero sí que llegarán en las jurisdicciones civil, social y mercantil.

El problema ha sido que “algunas Comunidades Autónomas han querido ir hacia un sistema integrado que comprendiera tanto la presentación de escritos y notificaciones por vía electrónica integradas con la gestión procesal y no han podido llegar; ha sido un planteamiento más ambicioso del que habíamos planteado nosotros”, ha contado el Ministro.

Sobre la Comunidad Valenciana, Catalá ha explicado que la consejera de Justicia le ha explicado, para justificar el retraso, que “no les ha dado tiempo para hacer todo lo que estaba pendiente”.

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A día de hoy, esta Comunidad carece de la infraestructura necesaria para garantizar que pueda llevarse a cabo la presentación de escritos a través de Internet.

Catalá ha recordado “el enorme esfuerzo” realizado por el Ministerio para conseguir que este importante objetivo pudiera cumplirse en todo el territorio nacional.

Prueba de ello, ha sido la estrecha colaboración desplegada con las Comunidades Autónomas, los colectivos profesionles y las instituciones con competencias en justicia.

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El ministro ha recordado que, desde que se anunció este objetivo, el 25 de febrero de 2015 en Las Palmas de Gran Canaria, en el marco del Comité Técnico Estatal de la Administración de Justicia, se han celebrado “más de una treintena de reuniones para abordar la hoja de ruta para impulsar las comunicaciones electrónicas en la fecha establecida”.

Para facilitar su implementación, ha recordado los convenios de colaboración firmados con las Comunidades Autónomas, por un importe de 6 millones de euros durante 2015, y de otros 6 millones de euros para 2016.

En lo que a la tecnología se refiere, el Ministerio de Justicia, ha recordado Catalá, ha llevado a cabo las acciones precisas para adaptar las diferentes aplicaciones a las exigencias de la implantación de las comunicaciones electrónicas en todos los órdenes jurisdiccionales y para todos los colectivos.

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“Se ha actualizado el sistema de gestión procesal Minerva y el sistema LexNET, que se ha puesto a disposición de las Comunidades Autónomas transferidas como medio de comunicación telemática. Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cataluña (solo para el envío de notificaciones), Galicia, La Rioja, Madrid y Valencia ya lo utilizan, mientras que el País Vasco está trabajando en la integración de su sistema de gestión procesal con LexNET y Cantabria, Navarra y Cataluña (para presentación de escritos) disponen de un sistema propio”, ha explicado Catalá.

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Para la ampliación de LexNET a todo el territorio, el Ministerio de Justicia ha habilitado más de 125.000 buzones para profesionales y tras ofrecérselo a todas las Comunidades Autónomas, se han habilitado más de 500 buzones con el objetivo de que existan en todo el territorio puntos donde presentar electrónicamente los escritos.

Además, se ha ampliado la capacidad del buzón para permitir el envío de mensajes de hasta diez megas y se ha desarrollado la aplicación LexNETAPP para ayudar a los profesionales a recibir de forma ágil y en tiempo real la información acerca de las notificaciones y escritos presentados a través de este sistema.

Por otro lado, se ha llevado a cabo la adaptación del visor de expedientes electrónicos y una aplicación de firma electrónica para jueces y letrados de la Administración de Justicia.

“En cuanto a la provisión de medios técnicos”, ha seguido explicando Catalá, “se ha realizado el suministro e instalación de los elementos de hardware y software necesarios a los usuarios de los órganos judiciales, fiscalías, Institutos de Medicina Legal e Instituto de Toxicología y Ciencias Forenses y se han instalado más de 7.000 pantallas, 640 ordenadores, 2.300 tarjetas gráficas, 1.700 impresoras y 500 escáneres en los órganos del ámbito de su competencia”.

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“En territorio Ministerio -las Comunidades Autónomas de Castilla-La Mancha, Castilla-León, Extremadura, Murcia y Baleares- los profesionales cuentan con dos pantallas”, remachó.

Catalá ha enumerado asimismo las actuaciones en materia de gestión del cambio que han sido necesarias llevar a cabo con el personal de la Administración de Justicia y que han permitido capacitar a 9.874 profesionales en un total de 1.127 acciones formativas en modalidad presencial, online y mixta.

Finalmente, el ministro ha apuntado que, con el objeto de atender las incidencias de tipo tecnológico que puedan surgir a partir del 1 de enero, se ha reforzado el equipo del Centro de Atención al Usuario del Ministerio de Justicia.

Además, para informar a profesionales y ciudadanos el Ministerio de Justicia ha habilitado un nuevo canal web que incorpora un mapa interactivo sobre la situación del proceso de implantación de las comunicaciones electrónicas en cada Comunidad Autónoma.