La Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha pedido este viernes paralizar el plan de implantación de justicia digital, que ya opera en Valladolid y Badajoz, establecido por el Ministerio de Justicia con el objetivo de «papel cero» en los órganos judiciales dado su «deficitario funcionamiento». Y lo hacen justo el día que el Ministerio de Justicia anuncia la ampliación a las cuatro secciones de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de este sistema.
Así lo reclama en un comunicado que ha difundido «ante la difícil e insostenible situación en la que se encuentran las fiscalías del territorio del Ministerio donde ya opera el proyecto ‘papel cero/justicia digital‘ y en la que sin duda alguna se encontrarán las fiscalías que de manera progresiva se incorporen al mismo», estima.
La UPF exige a los responsables de la Fiscalía General, al teniente fiscal del Tribunal Supremo, al fiscal jefe de la Inspección y a la fiscal de Sala de la Unidad de Apoyo que procedan con carácter inmediato a arbitrar todos los medios posibles para dar cumplimiento al acuerdo del Consejo Fiscal del pasado 25 de octubre.
Recuerda que el mismo decía que «el Consejo Fiscal, compartida la opinión de que la justicia digital no es un sistema de expediente digital integrado y que su funcionamiento es deficitario e impide trabajar de forma eficiente y eficaz, exige la inmediata paralización del plan de implantación establecido por el Ministerio de Justicia«.
Añadía que ello «en tanto no exista un único sistema de gestión procesal integrado para órganos judiciales y fiscales de fácil acceso, rápido y con garantía de autenticidad de las actuaciones, un auténtico expediente digital indexado sin documentos escaneados sino integrados en el expediente«.
La UPF solicita que en los lugares en los que ya se ha iniciado la experiencia piloto, Valladolid y Badajoz, «cuando sea preceptivo que el fiscal emita un dictamen se proceda a la remisión del expediente en papel coexistiendo las remisiones telemáticas con el traslado del procedimiento».
«Este proyecto, cuya finalidad es principalmente político-mediática, adolece de una deficiente planificación e incompetente ejecución y su implantación generará una demora innecesaria en el despacho de asuntos y un grave menoscabo de la eficacia y calidad del trabajo de la Fiscalía con el correspondiente perjuicio para la sociedad y los ciudadanos», concluyen de la UPF.
Implantación progresiva en el Supremo
Desde el Ministerio de Justicia informan en un comunicado que «se ha ampliado a las cuatro secciones de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo la puesta en funcionamiento del sistema que permite la tramitación electrónica de los procedimientos judiciales».
Recuerdan que la Justicia digital, que arrancó en mayo en la Sala de lo Social, se extenderá de forma progresiva al resto de órganos jurisdiccionales del Supremo.
«A partir de ahora, además de la comunicación electrónica con los profesionales para la práctica de notificaciones y escritos, las operaciones de firma y consulta de documentos se realizarán íntegramente en digital, lo que contribuirá a agilizar la tramitación y a dotar de mayores garantías a todos los actos jurídicos», subrayan desde Justicia
El despliegue de Justicia digital en la Sala de lo Penal ha requerido de una intensa actividad preparatoria que ha incluido actuaciones organizativas, como la elaboración del Manual de Operativas para Justicia Digital que adecua los procesos a las nuevas herramientas de trabajo y actuaciones tecnológicas como el despliegue de una nueva versión del sistema de gestión procesal Minerva que posibilita la tramitación electrónica.
Por otro lado, se han distribuido tarjetas criptográficas y certificados de seudónimo a los usuarios autorizados para la firma electrónica de los documentos. Además, se dotará a los magistrados y letrados de la Administración de Justicia de la Sala de lo Penal de los dispositivos necesarios que permitan trabajar en movilidad y en digital con todas las garantías de seguridad.
Desde el Ministerio señalan que Justicia «ha impartido formación específica a los usuarios en el manejo de las nuevas herramientas y ha reforzado el personal de soporte en el Tribunal Supremo».
El seguimiento de los trabajos para la estabilización de Justicia digital se está realizando a través de un Grupo Técnico de Implantación compuesto por responsables del Tribunal Supremo y por equipos de personal técnico y organizativo del Ministerio de Justicia.
