Hay que parar Justicia Digital porque su funcionamiento es deficitario. Impide trabajar de forma eficiente y eficaz. Por ello, el Consejo Fiscal exige la inmediata paralización del plan de implantación establecido por el Ministerio de Justicia «en tanto no existe un único sistema de gestión procesal integrado pora órganos judiciales y fiscales de fácil acceso, rápido y con garantía de autenticidad de las actuaciones».
«Un auténtico expediente digital indexado, sin documentos escaneados sino integrados en el expediente», concluye el Consejo Fiscal en el acuerdo tomado ayer.
Lo que tienen ahora, Justicia Digital, no es un sistema de expediente digital.
La decisión, adoptada por unanimidad por el Consejo Fiscal, es un auténtico varapalo para los planes de Ministerio, de quien depende directamente el Ministerio Fiscal.
«Exigimos que en los lugares donde ya se ha iniciado la experiencia piloto, Valladolid y Badajoz, cuando sea preceptivo que el fiscal emita dictamen, se proceda a la remisión del expediente en papel coexistiendo las remisiones telemátcas con el traslado del procedimiento», concluye el Consejo en su acuerdo.
En ambas Fiscalías, donde comenzó a implantarse a principios de año, se ha verificado el mal funcionamiento del sistema. Ralentiza el trabajo del Ministerio Público.
La UPF exige al fiscal general que no haga «seguidismo» al Ministerio
El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, es el presidente del Consejo Fiscal que contó, para el acuerdo con su visto bueno.
Sin embargo, la Unión Progresista de Fiscales (UPF) le exige, a su vez, que deje de hacer seguidismo a la política del Ministerio de Justicia.
«Una política de derroche económico que asciende ya a varias decenas de millones de euros», que está «mal diseñada técnicamente, de espaldas al funcionamiento y a las necesiad es de las Fiscalías e indiferente al perjuicio que se pueda causar a los ciudadnos, sino que debe, como cabeza de la carrera fiscal, hacer suya esta exigencia por el bien de una Administración de Justicia eficaz y al servicio de la ciudadanía», dice la UPF.
«En estas condiciones, sería una grave irresponsabilidad mantener el proyecto y continuar con su implantación a tenor del calendario del Ministerio de Justicia, y ese mantenimiento pondría en riesgo el adecuado cumplimiento de la función del Ministerio Fiscal para supeditarla a intereses políticos. Creemos que la defensa de la ley y de la sociedad está por encima de ello», remacha la asociación de fiscales.
