Maximilien Robespierre, o Maximiliano Robespierre, en la costumbre que antiguamente teníamos de traducir los nombres extranjeros al castellano, tiene mucho más que ver con la Justicia actual de lo que podríamos pensar.
Robespierre, apodado “El incorruptible” por su pasión por la virtud y su dedicación completa a la Revolución francesa, fue uno de los hombres más poderosos de ese periodo convulso. De hecho, gobernó Francia durante casi un año, entre 1793 y 1794, en lo que se denominó el periodo del Reinado del Terror, lo que le valió la etiqueta de “primer dictador moderno”.
Durante ese periodo, Robespierre, que capitaneaba el Comité de Salvación Pública, la guillotina trabajó día y noche, segando la vida de miles de personas, enemigas de la Revolución.
Lo paradójico es que Robespierre había sido un firme partidario de la abolición de la pena de muerte, pero cambió de opinión al tener que elegir entre la República y su supervivencia y la vida de aquellos que pretendían destruirla. Eso decía él.
Su poder omnímodo se terminó la mañana del 27 de julio de 1794, cuando un grupo de golpistas irrumpió en uno de los salones del Ayuntamiento de París, en el que Robespierre estaba reunido con sus compañeros.
Recibió un disparo en la cabeza que le incapacitó para hablar. Fue ejecutado, en la guillotina, al día siguiente, junto con 21 partidarios. Sin juicio alguno.
Robespierre tuvo mucho que ver con la creación del Tribunal Supremo francés, llamado también Corte de Casación.
Fue su primera alma mater.
En ese periodo revolucionario, que acabaría con el régimen absolutista, el llamado Antiguo Régimen, los partidarios del viejo orden eran muy activos. Entre ellos había muchos juristas que habían ejercido de notarios, abogados, procuradores y, por supuesto, muchos jueces.
La Asamblea Nacional no confiaba en ellos pero, para defender el imperio de las leyes del pueblo y la legalidad que tanto pregonaban, estaba obligada a reclutar juristas de todo tipo y condición a guisa de jueces.
El temor de la revolución era que muchos de estos jueces interpretaran de mala fe la nueva legislación y bloquearan su avance.
En ese momento histórico surgió de la Asamblea Nacional, y más concretamente de Robespierre, la idea de crear un órgano que se encargara de defender a la ley de los ataques de los jueces para asegurarse de que la interpretación que estaban haciendo fuera la correcta.
Un órgano que después se llamó “corte de casación”.
Al instrumento que posibilitaba ese control se le definió como “recurso de casación”, o de anulación, que es en lo que consiste básicamente.
Aquel primitivo tribunal de casación, o comité de vigilancia sobre los jueces, que también se podía denominar así, dependía directamente de la Asamblea Nacional, del Parlamento, porque, en palabras del diputado Le Chapelier, “a la facultad de dictar la ley sigue naturalmente la de vigilar su observancia”.
Las cosas han cambiado en nuestros días.
Ya no existe aquella desconfianza hacia los jueces y el Tribunal Supremo, o Corte de Casación, ha encontrado su lugar perfectamente definido: en la cúspide de la Justicia y vigilando para que la ley se aplique adecuadamente.
