Propuesta de derogación, presentada por el PSOE, del plazo máximo previsto para la instrucción de la LECRIM
El PSOE presenta una proposición de ley para derogar el plazo máximo de la instrucción penal
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19/1/2016 11:01
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Actualizado: 19/1/2016 13:29
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El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado ante la mesa del Congreso de los Diputados una iniciativa para la derogación del plazo máximo previsto para la instrucción en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
La Ley de Enjuiciamiento Criminal, la que regula el proceso penal, entró en vigor el pasado 7 de diciembre, fue rechazada por todos los sectores de la Justicia, por establecer la fijación de límites temporales en la instrucción judicial de 6 meses para las causas ordinarias y 18 para las complejas.
Tras su aprobación, desde el PSOE aseguraron que pedirían su derogación, como acaban de solicitar el amparo de lo establecido en el artículo 124 y siguientes de del Reglamento del Congreso de los Diputados.
En su escrito puntualizan que «la norma en vigor impone una serie de plazos, prórrogas y trámites que carecen de utilidad y solo sirven para complicar y enturbiar el proceso, sin garantizar que el incumplimiento de tales plazos finalmente sirva para favorecer la impunidad de los delincuentes mejor organizados».
El PSOE señala que «la necesaria aceleración de los procesos penales no se resuelve ni con normas que que impongan plazos que en la mayoría de los casos no se pueden cumplir, ni con regulaciones que generan inseguridad jurídica y graves riesgo de impunidad, sino, necesariamente, con más medios personales y materiales que es precisamente lo que, lamentablemente, no se ha incrementado e incluso se ha mermado en los últimos cuatro años»
En su momento, las asociaciones de jueces y fiscales también se mostraron muy críticas con la fijación de estos plazos de instrucción ante la imposibilidad de que las investigaciones complejas culminen en el plazo inicial de 18 meses. Al mismo tiempo, manifestaron su contrariedad ante la dificultad legal de que los jueces puedan prorrogar por sí mismos el tiempo de investigación inicial. De hecho, sostenían que los órganos a los que la citada Ley encomienda la investigación (los juzgados de instrucción) no podrían asegurar el éxito de la Ley.
UN GOBIERNO EN FUNCIONES
Hasta que no hay un Gobierno, en teoría, los grupos no estarían facultados para ejercer su labor de control a un Gobierno en funciones (no habrá por tanto sesiones con preguntas ni se debatirán mociones o proposiciones no de ley), pero sí pueden presentar proposiciones de ley; se trata de iniciativas con las que se pueden plantear normas, reformar las que están en vigor o incluso derogarlas, bien para volver a una ley anterior, bien para aprobar un texto nuevo.
Si esto ocurre, si alguien toma la iniciativa, se planteará una primera duda jurídica, según las mismas fuentes. El Gobierno tiene capacidad para impedir la tramitación de una proposición de ley en el Congreso y tiene 30 días para expresar su criterio en contra (aunque el único motivo es que se aumente el gasto o se disminuyan los ingresos públicos).
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