Mujer, inmigrante y trabajadora: triple victimización

En la era actual de la globalización, tal como muy acertadamente expone Carlota Solé, las mujeres en general y la mujer inmigrante en particular experimentan cambios en su ubicación en la vida laboral y social.

Al inicio del siglo XXI, la situación de las mujeres debe analizarse el contexto de la globalización que marca distintos países en proceso de modernización. El aumento de expectativas en calidad de vida, participación laboral, social y política de las autóctonas de los países avanzados conlleva como contrapeso la necesidad de cubrir las tareas relativas a los roles femeninos que parcialmente pueden delegar en otras mujeres.

El aumento del nivel de aceptabilidad que implica tener expectativas más elevadas conduce a que sean mujeres procedentes de los países en vías de desarrollo las que se haga cargo de parte de las obligaciones de las autóctonas.

Las mujeres de países del Tercer Mundo, son las que, igualmente impulsadas por el aumento de expectativas en la comparación con las condiciones de trabajo y de vida en las sociedades de origen, cubre los nuevos puestos de trabajo fruto de la externalización de muchas tareas consideradas como “propiamente femeninas”, a saber, el servicio doméstico y los servicios de la vida diaria de proximidad (el cuidado de ancianos, enfermos, niños).

Las mujeres emigrantes del llamado Tercer Mundo, de razas y culturas diversas, deben afrontar la opresión racista además de la clase social y la de género. La etnicidad y el género determina la situación de la mujer trabajadora en el proceso de producción, el estructura ocupacional y, en consecuencia, el estructura social.

No son factores adicionales a la real situación de discriminación sexual y racial como trabajadoras, sino como elementos constitutivos y definidores de su experiencia laboral y experiencia de clase social (Anthias & Yuval Davis, 1.992).

Por ello, Solé afirma que la comparación de la situación de las mujeres inmigrantes con la de las autóctonas, y con la de sus connacionales masculinos, muestra un proceso de triple discriminación por proceder de un lugar de origen distinto y de una sociedad étnico-cultural no-occidental, así como por el hecho de ser mujer.

La triple discriminación por etnia, clase social y género da como resultado la subordinación de las mujeres inmigrantes en términos ocupacionales y ético-culturales. De ahí la etnización del concepto de subordinación que, unido a la desigualdad de género, da lugar a su marginación social. La marginación social de la mujer inmigrante implica su invisibilidad, tanto en el ámbito laboral (por el tipo de trabajo que realizan y por las condiciones laborales que aceptan), como en el ámbito socio-político (no se les toma en consideración como actores sociales o agentes de decisión y/o participación en la vida pública).

El círculo se cierra en la medida en que de esta real marginación social se deriva la marginalidad de las mujeres inmigrantes como personas.

Y, por último, los factores estructurales que convierten a las mujeres inmigrantes en “ciudadanos de segunda” y la demanda de mano de obra femenina (servicio doméstico, servicios de proximidad) son promovidos por el Estado de la sociedad receptora, interesado en evitar conflictos racistas y, a la vez, en mantener un mercado de trabajo sexuado y segmentado en función de la etnia.

Consecuentemente con todo lo anterior, hoy más que nunca se hace imprescindible reivindicar la necesidad de asumir la construcción de una sociedad en la que se reconozcan y garanticen las condiciones de igualdad y vida digna para las mujeres extranjeras debe ser también un objetivo a cumplir.

La mujer extranjera sufre una triple discriminación: Discriminación como mujer, como trabajadora y como inmigrante.

De cara a estas discriminaciones, deberían hacerse cargo la ciudadanía, los poderes públicos de ámbito local, autonómico y nacional, así como las administraciones que trabajan a favor de la mujer.

Las condiciones del mercado laboral actual, los sectores económicos en los que se registran los niveles más altos de ilegalidad son los mismos en los que se ha concentrado la demanda de trabajo de extranjeros y, no por mera casualidad, los que registran mayores niveles de precariedad.

De estos, las mujeres inmigrantes y fronterizas, en el caso de nuestro país, han sido reclutadas en la gran mayoría en ramas caracterizadas por sus condiciones de inestabilidad y desamparo jurídico, como el trabajo doméstico y de cuidado, la hostelería y la prostitución.

En general, las mujeres extranjeras trabajadoras, contribuyen más de lo que perciben, y su colaboración en el mercado laboral y en el crecimiento económico no conlleva una contrapartida adecuada en el reconocimiento y ejercicio de sus derechos.

Dicha triangulación analítica permite demostrar que la triple condición de mujer, de clase trabajadora y de origen inmigrante-o de una nacionalidad determinada- supone experimentar diversas formas de diferencia discriminación que, lejos de ser secuenciales o sucesivas, actúan de forma simultánea y la sitúa en una situación de “vulnerabilidad social”

Tal como señala Sonia Parella, para comprender la posición laboral subordinada de la mujer y inmigrante en el mercado de trabajo de la sociedad receptora requiere la imbricación de los ejes de la clase social, el género y la ironía.

La subordinación en términos de género, clase social y etnicidad constituye el marco de referencia de todo análisis de los procesos que producen las formas de marginación discusión de las mujeres inmigrantes (Morokvasic 1.984).

Dicha triangulación analítica permite demostrar que la triple condición de mujer, de clase trabajadora y de origen inmigrante-o de una nacionalidad determinada- supone experimentar diversas formas de diferencia discriminación que, lejos de ser secuenciales o sucesivas, actúan de forma simultánea y la sitúa en una situación de “vulnerabilidad social”, al margen de cuales sean las características individuales de estas mujeres abrir (nivel educativo, actitudes y expectativas, por ejemplo), y en el contexto de una serie de factores estructurales de la sociedad receptora que determinan su incorporación laboral, a saber:

a). La política migratoria como marco favorable a la inmigración laboral de mujeres, y a su reclutamiento en el servicio doméstico.

b). La creciente dificultad que experimenta las familias autóctonas-eufemismo de las mujeres- para conciliar la vida familiar y laboral, en un contexto de desarrollo insuficiente de los servicios para las familias.

c). Los cambios demográficos como el envejecimiento de la población, y el consiguiente incremento de las situaciones de dependencia.

d). Por último, la estructura del mercado de trabajo en el que se inserta las mujeres inmigrantes, un mercado ya de por sí estructurado a partir de las desigualdades de género y de etnia.

Y por ello, de todas las variables adscriptivas, tanto el género como la etnicidad juegan un papel importante en el proceso de reclutamiento el mercado de trabajo, lo que se traduce, junto otros factores, en una posición laboral de subordinación para mujeres e inmigrantes, respectivamente. Aparte de por el hecho de ser inmigrante, la mujer inmigrante experimenta dificultades adicionales por su condición de mujer.

El estatus de estas mujeres se ve afectado, por un lado, por las restricciones una estructura ocupacional sexualmente segregada, en la que las mujeres obtienen más bajos salarios, menos estabilidad y menos oportunidades de promoción que sus homólogos masculinos, independientemente de su capacitación.

Finalmente señala Parella, pero, además, si a la discriminación de género le añadimos los efectos de la etnoestratificación del mercado de trabajo, la mujer inmigrante, en comparación con la mujer autóctona, se ubica en aquellas ocupaciones feminizadas situadas en los estratos más bajos de la estructura ocupacional; cubriendo los huecos laborales peor pagados, con menos prestigio social y eludible por las trabajadoras autóctonas por ser emblemáticos de la discriminación de género, y por contar con mejores oportunidades laborales-sobre todo las que cuentan con un nivel educativo elevado-.

En este orden de cosas, puede afirmarse con Izaskun Orbegozo, que la mujer inmigrante, en ocasiones, se encuentran en unas determinadas circunstancias que pueden calificar de fragilidad o vulnerabilidad, puede ser víctima de diversos delitos, pero con la particularidad de las dificultades añadidas a su proceso migratorio respecto al hombre inmigrante y situándola, frente a las mujeres autóctonas, en una situación de desventaja, más patente si cabe, respecto a las mujeres en situación irregular, cuando quiera hacer valer sus derechos y acceder a todos los recursos disponibles para su protección.

Cualquier desplazamiento migratorio posee varias connotaciones que adquieren rasgos específicos cuando se trata de mujeres inmigrantes. Por un lado, el desarraigo del contexto familiar es especialmente problemático con respecto a los hijos (que se dejan o se cargan); el movimiento desplazamiento implica riesgos de todo tipo de abusos, particularmente aquellos que tienen que ver con su condición de mujer; el asentamiento es difícil tanto por los riesgos que el mismo supone cuando viajan solas como cuando lo hacen acompañadas con sus hijos o ancianos; el rechazo de la sociedad de acogida es particularmente manifiesto cuando la mujer no entra portando un proyecto “institucionalizado” en el mercado de trabajo, pero que se expresa también cuando es portadora de otros valores culturales, religiosas, familiares ajenos a las prácticas y tradiciones occidentales. En ocasiones, estas mujeres pueden tener el sentimiento de falta de soporte por parte de la sociedad de adopción.

El estatuto del inmigrante; la soledad; el miedo; la dependencia y las normas culturales se convierten en factores de vulnerabilidad que dejan al descubierto una gran desprotección de la mujer al interactuar con la sociedad de acogida

La desconfianza y la falta de recursos aumentan su vulnerabilidad a situaciones de violencia. El estatuto del inmigrante; la soledad; el miedo; la dependencia y las normas culturales se convierten en factores de vulnerabilidad que dejan al descubierto una gran desprotección de la mujer al interactuar con la sociedad de acogida. Estas mujeres, por tanto, se convierten en víctimas especialmente vulnerables, es decir, forman parte de un grupo social que reúnan los caracteres propios y comunes, endógenos y exógenos (edad, sexo, personalidad, estado civil, etcétera), que les hacen fácilmente victimizables siendo, por tanto, su índice de victimización mayor que el resto de individuos.

No pueden establecerse unas pautas comunes tendentes a agrupar a un sector social en general sino que cada delito, al reunir unos caracteres propios, delimitará, conforme su naturaleza, qué personas pueden quedar englobadas como especialmente vulnerables. Las mujeres inmigrantes debido a determinados factores ya sean de género y/o vinculadas a su condición de inmigrante, para tener un índice de victimización mayor al resto de los demás individuos.

Estas consideraciones conducen a constatar que de manera principal las mujeres que ejercen la industria del sexo son en su mayoría mujeres de origen extranjero, y que su ejercicio está sujeto a relaciones de explotación y abren espacios de impunidad a los traficantes de personas y al trabajo sexual forzado.

Dado que los derechos de las personas migradas y los derechos de quienes ejercen la prostitución son derechos humanos, urge la elaboración de una política de lucha contra el tráfico de seres humanos para su explotación sexual, que en lugar de fundamentarse en la aplicación de sanciones y la práctica de expulsiones respecto de las personas traficadas, supongan el reconocimiento de sus derechos humanos, sociales y jurídicos y la prestación de ayudas específicas.

Del mismo modo, puede afirmarse que la mujer extranjera es especialmente vulnerable en situaciones de maltrato familiar. Las circunstancias de nacimiento, acoso económico y marginalidad, en que viven un alto porcentaje de estas mujeres, extreman las condiciones de intolerancia y violencia doméstica. Muchas de ellas aún tienen miedo a denunciar porque carecen de la documentación necesaria de regularización de su situación administrativa.

Esta principal carencia se añada las dificultades materiales, lingüísticas y administrativas que disuaden a la víctima de denunciar o solicitar garantías.

Esta situación se agrava aún más en los casos en que la mujer extranjera, que esté conviviendo con un nacional y tenga hijos, ya que su situación de vulnerabilidad y riesgo se acentúan al ser su pareja la que controla los recursos económicos de los cuales ella depende exclusivamente.

Ante esta situación, es urgente, adoptar nuevas normas y prácticas públicas que observen de manera no uniforme los caos de maltrato y protejan a la mujer extranjera víctima real de este tipo de violencia de acuerdo con sus especiales circunstancias de vulnerabilidad y riesgo. La indiferencia y dejadez ante la desigualdad y la exclusión de las más débiles nos condenará a todos a vivir en una sociedad injusta.

Un informe de la ONG Intermón Oxfam centrado en las mujeres andinas que trabaja en España denuncia las condiciones de un sector especialmente castigado por la política migratoria.

El informe desvela que ser mujer, inmigrante y trabajadora del hogar es sinónimo de una triple discriminación a la que se enfrentan la mayor parte de mujeres que deciden venir a España en busca de empleo.

El ser mujeres las condiciona casi exclusivamente al trabajo de hogar y de los cuidados, la falta de previsión de las políticas de inmigración contribuye a que la mayoría estén en situación irregular y ello las condiciona a la hora de exigir derechos y condiciones dignas de trabajo y salario.

Estas políticas de los países europeos han fomentado la precariedad e invisibilidad de miles de mujeres migrantes que han cubierto una necesidad fundamental de miles de familias tanto en España como en otros países de destino.

La situación de estas mujeres ilustra todo lo que está mal en el régimen migratorio de los países europeos. La rigidez, en la actualidad cambiante del sistema de inmigración, no siendo conscientes de que el trabajo desempeñado por estas mujeres es la piedra angular de todo sistema socioeconómico actual, y las atrapa en la precariedad.

Estas mujeres son las que envían mayores y más constantes volúmenes de dinero a sus familias en los países de origen, lo que implica que el impacto de las mujeres en la economía de los países de origen es mayor que el de los hombres

En la mayoría de los casos, estas mujeres no están inscritas en el Régimen General de trabajadores y esto les recorta sustancialmente muchos de sus derechos que como trabajadoras tendrían.

Estas mujeres son las que envían mayores y más constantes volúmenes de dinero a sus familias en los países de origen, lo que implica que el impacto de las mujeres en la economía de los países de origen es mayor que el de los hombres. Un reciente estudio evidencia que las mujeres no sólo realizan el 70 por ciento de las transferencias, sino además, que destinan aproximadamente el 40 por ciento de su salario, mientras que los varones sólo envían cifras cercanas al 17 por ciento de su sueldo.

Con demasiada frecuencia se constata que las  mujeres inmigrantes en Europa reproducen en los primeros años de su estancia la forma de vida que llevaban en sus países de origen.

Eso es debido, en gran parte, a una escolarización a veces insuficiente y otras veces nula, que las hace depender de sus familiares varones para todo lo relacionado con el espacio público: carencias en la competencia lectora, desconocimiento del idioma del país de acogida, aprensión ante parámetros culturales que suponen un replanteamiento de sus valores tradicionales, sociedades europeas cuya rentabilidad pasa por el individualismo frente a las sociedades de origen más solidarias, etc.

Si las condiciones de acomodación de las personas de origen inmigrante son deficientes, como ocurre en la mayoría de los países europeos, pueden producirse situaciones de aislamiento dentro del propio grupo cultural. Si se originan en aquellos grupos en los que la cultura es claramente patriarcal, por tradición religiosa por ejemplo, se corre el riesgo de volver a la reclusión de la mujer en el espacio privado, trasladando de esta manera al país de acogida los modelos de discriminación que ya vivía en su país de origen.

La situación de discriminación y dependencia del núcleo familiar masculino y su incapacidad para relacionarse  con el exterior les hace caer en una doble invisibilización, una especie de “tierra de nadie” de sus derechos fundamentales.

Por tanto, si debemos defender a la mujer, mucho más debemos extender dicha protección a su entorno laboral, ya la situación de la mujer inmigrante, pues esta triple discriminación, no solamente existe y es un hecho real, sino que agrava la condición de la mujer, por el mero hecho de serlo.

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