La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, ha asegurado hoy que los aforamientos «exigen una revisión» y ha abogado por suprimir esta figura en los diputados porque hay «un número excesivo», aunque no en jueces y fiscales porque afectaría a su equidad, transparencia e incluso imparcialidad.
Así, lo ha señalado Bravo en la conferencia en la tribuna del ‘Forum Europa Tribuna Mediterránea‘, al ser preguntada sobre si considera que se debe de suprimir el aforamiento de los diputados.
Al respecto, se ha mostrado a favor de una «revisión» del aforamiento porque considera que es «excesivo» el número de parlamentarios que gozan de esta condición. Así, ha manifestado que «no pasaría absolutamente nada» si quienes ejercen responsabilidades públicas «fueran sometidos a la jurisdicción ordinaria».
Sin embargo, ha recalcado que «no comparte» la supresión de esta condición a los jueces y a los fiscales porque, según ha explicado, que una querella en la investigación de unos hechos la tenga que realizar el compañero del despacho de al lado «generaría ciertas disfunciones«.
Asimismo, ha subrayado que para «la propia transparencia y la imparcialidad«, es «más efectivo» que «un organismo distinto que un compañero de jurisdicción examine los hechos».
Por otra parte y cuestionada sobre cuándo un cargo público debe de dimitir, Bravo ha recalcado que los tiempos procesales «no deben de determinar las decisiones políticas». Así, considera que España necesita «madurar» en este ámbito, ya que ha explicado que en Europa se producen muchas dimisiones cuando existe una actuación éticamente no correcta, aunque no se hayan pronunciado los jueces.
«Necesitamos comportamientos contundentes para que la ciudadanía entienda que las personas que están al frente de las administraciones políticas deben de tener un código ético superior», ha subrayado, para añadir: «Creo que aquí falta mayor contundencia de las responsabilidades políticas que nada tiene que ver con las penales».
«PROFUNDA INDIGNACIÓN»
Respecto a las detenciones e investigaciones a miembros del PP valenciano en el marco de la ‘Operación Taula‘, derivada del caso Imelsa, la titular de Justicia ha manifestado su «profunda indignación», al tiempo que ha recalcado que la justicia actuará con «contundencia y responsabilidad» ya que ha lamentado que estos procesos judiciales «minan» la confianza de los ciudadanos en las administraciones públicas.
Para Bravo, la refundación del PPCV corresponde «a los responsables» del partido, sin embargo ha remarcado que es tiempo de responsabilidades políticas, códigos éticos y «se necesita algo más que pedir perdón».
LA MAYORÍA ESPAÑOLES APOSTARON POR «UN CAMBIO»
Por otra parte y respecto a las negociaciones para la formación del futuro gobierno, la consellera de Justicia ha recalcado que éste debe de formarse conforme a la «voluntad» de los ciudadanos que, a su juicio, apostó «por un cambio». «El resultado electoral evidencia que la mayoría apostaron por un gobierno progresista», ha aseverado.
De este modo, ha pedido «responsabilidad» a todos los partidos para fijar las líneas más importantes de programa para los próximos años cuatro años.
Por ello, cuando ha sido inquirida sobre si ve al líder de Podemos, Pablo Iglesias, como vicepresidente del Gobierno, ha afirmado: «esa decisión la tendrán que consensuar quienes firmen ese pacto. Cualquiera de los candidatos a la presidencia del gobierno, tanto Pablo Iglesias como Albert Rivera, tienen absoluta legitimidad a poder alcanzar la vicepresidencia si llega ese consenso», ha insistido.
