En diciembre de 2014 la revista «Frontiers in Behavioral Neuroscience» publicó un interesante estudio sobre la psicología de las personas ante la corrupción.
La investigación llevada a cabo en la Universidad Jaime I de Castellón dividió a los voluntarios que participaron en el proyecto en tres grupos: por un lado, los funcionarios y, por otro, dos empresas que participaban en una hipotética subasta para conseguir una adjudicación de unas obras públicas.
En el estudio, las personas que actuaban como empresarios tenían dos opciones.
En primer lugar, podían ajustar su puja a lo que consideraban adecuado según el mercado para una obra de tales características.
Y, en segundo lugar, podían introducir sobornos destinados al funcionario que debía seleccionar la empresa que finalmente resultaría adjudicataria. Las personas que actuaban como em- presarios se enfrentaban a un dilema social. Cuanto mayor fuera el soborno, mayor probabilidad tenían de que se les concediera la licencia lo que, a su vez, repercutía de manera positiva en sus beneficios.
Sin embargo, esta opción también implicaba un coste pues, al destinar una mayor cantidad de dinero al sobornado, se reducía la calidad de la obra lo que, en definitiva, perjudicaba a toda la sociedad. Mientras las personas participan en esta subasta imaginaria, los investigadores medían sus reacciones fisiológicas con un polígrafo.
Se trataba de determinar las variaciones de la sudoración y de la excitación emocional. Los resultados del estudio fueron muy reveladores. Las personas expresaban ciertos valores que les frenaban contra las tentaciones corruptas.
Aquellos que rechazaban el soborno sufrían mayor estrés que los que optaban por aceptarlo.
En una segunda fase del experimento, los investigadores introdujeron otra variable: la posibilidad de castigo al sobornador mediante la inspección de todas las empresas. Si se acreditaba alguna práctica corrupta, los beneficios de la empresa quedaban reducidos a cero.
En este caso, el rechazo al soborno pasó a ser mayoritario. En definitiva, el estudio demostró que, en contra de lo que se piensa, existe una tendencia de las personas a comportarse de forma ética al optar por estrategias que favorecen a la sociedad en su conjunto.
De igual manera, la amenaza del castigo tiene suficiente efecto disuasorio para que las personas frenen sus tendencias corruptas.
La corrupción se ha convertido en uno de los principales problemas de las democracias modernas.
La consolidación de los instrumentos del Estado de Derecho no ha conseguido frenar de forma adecuada la actitud de quienes, utilizando privilegios derivados de su cargo público, obtienen un desmedido enriquecimiento patrimonial que lesiona gravemente los intereses generales.
La corrupción genera grandes cantidades de dinero opaco que merman la capacidad de recaudación del Estado y provocan a la larga una mayor carga fiscal para el resto de los contribuyentes.
Restringe la libre competencia al primar aquellas empresas o particulares que forman parte de la clientela.
Introduce distorsiones que minan la eficacia, inversión y la productividad, afectando tanto a los niveles de renta del país como a su ritmo de crecimiento.
Destruye la confianza en las instituciones y deslegitima el sistema político.
Y, finalmente, propicia el pasotismo de la ciudadanía que observa atónita cómo las reglas de juego democrático se convierten en una simple farsa entre grupos elitistas que actúan al margen de la ley.
La lucha contra esta lacra de la sociedad no debe realizarse exclusivamente a través del Derecho Penal.
En efecto, la corrupción no se puede entender como un problema aislado que afecta a ciertos sectores de la política o la economía. Se trata, más bien, de un problema de todos que hunde sus raíces en nuestra educación. Los bienes públicos no pertenecen al Estado. Son, por el contrario, el fruto del trabajo, esfuerzo y colaboración de todos para construir una sociedad más libre en la que haya más igualdad de oportunidades.
La corrupción llevada a cabo –como señala el médico Alberto Soler– por «narcisistas, con poca autoexigencia, con un código ético reprobable» destruye las bases de este esfuerzo colectivo.
Por tal motivo, se trata de una responsabilidad ética compartida por todos nosotros cuya importancia es vital pues de ello depende –aunque no lo queramos admitir- la estabilidad del sistema democrático.
Para ayudarnos en este duro camino, podemos recordar las palabras de la reina de la canción protesta estadounidense Joan Baez cuando decía: «Si no peleas para acabar con la corrupción y la podredumbre, acabarás formando parte de ella».
