La diputada de Podemos por Las Palmas y juez en excedencia, Victoria Rosell, ha calificado de «querella política» la acción legal interpuesta contra ella por el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, al entender que las expresiones que utilizó durante la pasada campaña electoral no son constitutivas de delito.
Tras la inhibición del juzgado de instrucción 27 , al ser Rosell aforada, será el Tribunal Supremo el órgano encargado de pronunciarse sobre la querella por injurias y calumnias presentada por Soria contra la diputada de Podemos por acusarle de «manipular» e «instrumentalizar» a la Fiscalía para perjudicarle en la contienda electoral.
Rosell ha explicado que en su ánimo no está valorar ni la decisión del juzgado de instrucción ni adelantar el posicionamiento que debe adoptar el alto tribunal. Sus críticas se han centrado en la querella misma.
«Es una querella política y sin contenido jurídico», ha comentado en declaraciones a Europa Press.
La candidata por Podemos ha limitado a la contienda electoral la expresión -«que no es delictiva»- que utilizó para dirigirse a José Manuel Soria. Según ella, la querella se encuadró en una «campaña para perjudicarle» en sus aspiraciones electorales al intentar trasladar a la opinión pública que era víctima de «un lío judicial». «Le preocupó porque vio que podía ganarle las elecciones», ha añadido en alusión a Soria.
El pasado 3 de diciembre, Rosell acusó a José Manuel Soria de «utilizar las instituciones» y estar «detrás» de la investigación abierta por la Fiscalía por presuntamente favorecer al empresario Miguel Ángel Ramírez, presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, con el que la pareja de la magistrada, el periodista Carlos Sosa, negociaba la compra de una emisora de radio por cerca de 300.000 euros.
En la querella el titular de Industria solicita al juzgado que interrogue a Rosell en calidad de investigada y a la fiscal delegada de Delitos Económicos de Las Palmas de Gran Canaria Evangelina Ríos como testigo, por lesionar su dignidad pues «una campaña electoral no implica una patente de corso para la difamación». EP.
