Soledad Becerril, defensora del Pueblo (EP)
El Defensor del Pueblo denuncia los retrasos en la Justicia y «problemas estructurales»
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25/2/2016 10:56
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Actualizado: 29/11/2017 14:01
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El Defensor del Pueblo denuncia en su Informe Anual 2105, las recurrentes situaciones de retraso de la Justicia frente a los que –dice– «no se encuentra solución». En su opinión, no se están adoptan «medidas conjuntas de suficiente entidad para solucionar los problemas detectados».
Por ello, la institución precisa que formuló una recomendación a la Secretaria de Estado del Ministerio de Justicia para que en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado se contemplase una partida presupuestaria de suficiente entidad, tanto de medios personales como materiales, para solucionar «la endémica situación» en la que se encuentran diferentes juzgados.
Asegura que el número de quejas recibidas relativas al derecho fundamental a un proceso ‘sin dilaciones indebidas’ son síntoma de «problemas estructurales» y una excesiva carga de trabajo en la mayoría de los casos. Los retrasos afectan no solo a la persona que se ha dirigido al Defensor del Pueblo, sino a la totalidad de quienes presentan demanda o recurso en el órgano judicial de que se trate, agrega.
El Defensor del Pueblo ha recibido el pasado año un total 84 quejas sobre demoras judiciales en la jurisdicción civil (cuatro más que el año anterior), 41 en la penal (12 menos que el año anterior), 12 en la contencioso-administrativa (cuatro más que el año anterior), 26 en la social (seis más que el año anterior) y 13 en la mercantil (dos más que el año anterior). La cifra total asciende a 176 quejas, frente a las 172 de 2014 y las 166 de 2013.
En opinión de la institución dirigida por Soledad Becerril, se mantienen en niveles constantes y la alta litigiosidad parece ser «una constante sociológica que no se ha visto afectada por la existencia de tasas judiciales». El Defensor del Pueblo se felicita de la supresión del gravamen que constituye «un alivio» para las personas físicas afectadas.
El informe asegura que el problema se agrava en el coso de la jurisdicción social que se ha visto sensiblemente afectada «por esta situación de demora generalizada». Destaca la situación en la que se encuentran determinados juzgados en todo el territorio nacional y pone como ejemplo que en la ciudad de Sevilla se ha llegado a señalar un juicio acto «para el año 2019». También destaca demoras en las jurisdicciones de lo Civil y lo Mercantil.
Además, según el Informe, en 2015, 700 ciudadanos han presentado queja, por discrepar de una resolución judicial (438), o con un procedimiento judicial en trámite (262). En el año 2014, la cifra total fue de 722 ciudadanos, por lo que es muy similar (descenso del 3,04 por ciento). Aunque en este tipo de quejas no es posible la intervención del Defensor del Pueblo.
JUECES DE MÁLAGA
La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, se hace eco en su memoria de un informe del Colegio de Abogados de Málaga que advierte del descenso de la actividad en los juzgados de la ciudad andaluza durante los viernes, en «semana blanca» o en las fechas próximas a los periodos vacacionales, aunque sean días hábiles y su causa «aparente» no sea la falta de medios en esta Administración.
En la memoria anual de 2015 esta institución alude al informe elaborado a partir de los datos facilitados por el juez decano de la ciudad andaluza, que refleja que la mayoría de sus juzgados no llevaron a cabo ningún señalamiento durante 90 días al año y como apenas se fijan juicios en la «primera e incluso» la segunda semana de septiembre.
Becerril recoge que se observa una «creciente disminución de la actividad judicial conforme se aproximan los períodos vacacionales —únicamente agosto es inhábil–, o los viernes, en los que a pesar de ser hábiles únicamente se celebran seis o siete vistas, frente a cualquier otro día de la semana en el que el número se aproxima a un promedio de 40 señalamientos».
La Defensora del Pueblo advierte de que estos hechos han sido puestos en conocimiento de los «organismos judiciales competentes» y, sin embargo, no han adoptado medidas para paliar esta situación, que «aparentemente no guarda relación con la falta de medios o recursos de los que adolece la Administración de justicia». Becerril añade que está a la espera de recibir la información que ha solicitado sobre esta cuestión. (EP)
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