El juez de instrucción número 18 de Madrid interrogará este martes en calidad de investigada a la abogada de Manos Limpias en el caso ‘Nóos’, Virginia López-Negrete, en relación con una querella donde se la acusa de la posible apropiación de 103.500 euros que habían sido depositados por afectados de Afinsa para la interposición de una querella.
Una citación inicial de la letrada, prevista para el pasado jueves, fue aplazada dado que coincidía con su intervención en el juicio que se desarrolla en la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca. Ese día declaró el exduque de Palma Iñaki Urdangarín.
La investigación contra la letrada y el secretario general del Manos Limpias, Miguel Bernard, tiene su origen en un informe del SEPBLAC sobre unos ingresos del sindicato del año 2010 para la puesta en marcha de unas acciones legales –pese a que la actividad del sindicato no tiene ánimo de lucro y sus abogados afirman no cobrar honorarios– y que fueron sacados de la cuenta de la organización. en efectivo.
Parte del dinero habría sido entregado a la letrada López-Negrete, que es la que lleva, entre otros asuntos, la representación de la acusación popular en el caso Nóos.
Según ha explicado Manos Limpias, el origen de los ingresos investigados fue motivado por la contratación de unos servicios profesionales a una plataforma de afectados de Afinsa. Se trataría de 900 afectados que solicitaron que el Sindicato a través de sus servicios jurídicos, interpusiera varias demandas contra la Administración del Estado por responsabilidad patrimonial.
DEMANDAS PRESENTADAS, SEGÚN MANOS LIMPIAS
Las demandas se presentaron en la Audiencia Nacional, en el Tribunal Supremo, en el Tribunal Constitucional y ahora en Estrasburgo, ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), según asegura el sindicato. «Por consiguiente, el origen del dinero con nombres y apellidos, es totalmente lícito. Por lo que en modo alguno, puede haber ningún tipo de delito y menos el de blanqueo», señala Manos Limpias en su nota.
El Ministerio Público ha denunciado, en concreto, la retirada de una cuenta del sindicato de 103.500 euros en efectivo cuya mitad se habría quedado Miguel Bernard mientras que el resto habría sido entregado a la abogada Virginia López-Negrete. (EP)
