Es el séptimo parlamento autonómico -después de los de País Vasco, Madrid, Canarias, Andalucía, Navarra y Aragón- que aprueba una proposición no de ley instando al Gobierno de la nación a derogar las tasas judiciales para pymes y ONGs. Y como en todos esos casos, el motor detrás de todo ello ha sido la «Brigada Tuitera».
En esta ocasión ha sido el Grupo Parlamentario del PSOE, en el gobierno de Castilla-La Mancha, el que ha presentado esta iniciativa parlamentaria.
Le correspondió a la vicepresidenta de las Cortes de Castilla-la Mancha, Josefina Navarrete, defender la moción contra las tasas, abogando por la supresión de las tasas para facilitar el acceso universal a la Justicia. A la misma se adhirió David Llorente, de Podemos.
Entre ambas formaciones son mayoría absoluta en el Parlamento autonómico de lo que antes se conocía como Castilla-La Nueva.
EL PP VOTÓ EN CONTRA
El PP, a diferencia de otros parlamentos regionales en los que votó a favor o se abstuvo, votó en contra. La diputada Ana Guarinos justificó la existencia de las tasas como un mecanismo de ahorro del gasto público que resulta totalmente constitucional mientras el Tribunal Constitucional no diga lo contrario.
La votación en el Parlamento autonómico de Castilla y León se espera para las próximas semanas.
El impulso que la Brigada Tuitera está dando a esta reivindicación desde los Parlamentos Autonómicos, ya ha dado su salto al Congreso de los Diputados, en donde también a instancias de la Brigada Tuitera y con un texto facilitado por activistas de la misma, ha sido presentado un proyecto de ley por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos que, de aprobarse, supondría la definitiva supresión de las tasas judiciales para pymes y ONGs.
La Brigada Tuitera está conformada por 15.000 activistas de toda España, la mayoría profesionales del derecho, que a través de las redes sociales e identificados con el símbolo #T enmarcado en un círculo sobre fondo rojo, vienen reclamando desde la sociedad civil mejoras en la dotación de medios a la Administración de Justicia, la supresión de las tasas judiciales a las pymes y a las ONGs y que se garantice la Independencia Judicial.
