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Cs registra una iniciativa en el Congreso para avanzar en la conciliación de los profesionales de la Justicia

Plantea una modificación en la LECrim y en la LEC para que se establezcan causas específicas de suspensión de vistas e incluso de los procedimientos También reclama que se establezca un segundo periodo de vacaciones, no solamente en el mes de agosto, sino coincidiendo con el periodo de Navidad; en la imagen los firmantes de esta iniciativa, Edmundo Bal, portavoz de Justicia de Cs en el Congreso, y Sara Giménez, portavoz de Igualdad.
| | Actualizado: 11/10/2021 10:22

Ciudadanos (Cs) ha registrado en el Congreso de los Diputados una Proposición No de Ley (PNL) para avanzar en la conciliación de la vida laboral y familiar de los profesionales de la Justicia, ya que «las particulares circunstancias en las que desarrollan su actividad requieren de una modificación de las normas procesales para poder compaginar su vida profesional con la familiar y personal».

El partido liderado por Inés Arrimadas plantea una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) y de la de Enjuiciamiento Civil (LEC) para ampliar, para cada uno de los órdenes jurisdiccionales, las causas que habilitan para la suspensión del proceso, para el aplazamiento de las vistas y para la no asistencia justificada a las mismas por alguna de las partes, a fin de garantizar el derecho a la conciliación familiar de los operadores que intervienen en el ámbito del proceso judicial.

Aboga por ponderar adecuadamente el equilibrio entre la finalidad de conciliación de la vida profesional y familiar de los operadores jurídicos con la debida garantía del derecho a la tutela judicial efectiva de las partes litigantes.

Cs también reclama impulsar reformas legales con el fin de extender el ámbito de aplicación de las medidas propuestas a los supuestos en que, en el ejercicio de su profesión, intervenga un abogado en un procedimiento de arbitraje o en un procedimiento de mediación.

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Por otra parte, propone que se establezca para jueces, magistrados, fiscales y demás personal al servicio de la administración de Justicia un periodo de vacaciones en Navidad, desde el 23 de diciembre al 6 de enero, ambos inclusive, «en el que los tribunales no desplegarán más actuaciones que las correspondientes a la instrucción de asuntos penales que no puedan demorarse y a los demás asuntos expresamente declarados urgentes por las leyes procesales».

Como actualmente el sector Justicia solo dispone de vacaciones en el mes de agosto, Cs pide que disponga también de un periodo de vacaciones en Navidad, como en países de nuestro entorno.

Esta PNL no solo afecta a jueces y fiscales, sino a abogados, procuradores, peritos… a todos los protagonistas del servicio público de la Justicia, y está dirigida especialmente a los abogados que ejercen individualmente o en un pequeño despacho. 

Esta iniciativa la firman Edmundo Bal, vicesecretario general de Ciudadanos, portavoz adjunto en el Congreso de los Diputados y portavoz de Justicia, que es abogado del Estado en servicios especiales, y Sara Giménez Giménez, portavoz de Igualdad en la Cámara Baja, que es abogada.

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Cs ha asumido en ella las propuestas en este sentido del Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) y del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), impulsadas a través de colectivos de profesionales.

Ciudadanos destaca que «una sociedad liberal, moderna y avanzada, como legítimamente aspira a ser la española, ha de ser capaz de ofrecer a sus ciudadanos la posibilidad de desarrollar plenamente sus propios proyectos vitales, tanto a nivel profesional como personal y familiar, con las mayores facilidades».

Señala que la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, consagra en su artículo 14 como criterios generales de actuación de los Poderes Públicos “la protección de la maternidad, con especial atención a la asunción por la sociedad de los efectos derivados del embarazo, parto y lactancia” (número 7), así como “el establecimiento de medidas que aseguren la conciliación del trabajo y de la vida personal y familiar de las mujeres y hombres, así como el fomento de la corresponsabilidad en las labores domésticas y en la atención a la familia” (número 8).

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Indica que estos principios generales de actuación, se proyectan legislativamente en el específico ámbito de los trabajadores por cuenta propia, al reconocerles el artículo 4.3.g) de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajo Autónomo, como un derecho individual en el ejercicio de su actividad profesional “la conciliación de su actividad profesional con la vida personal y familiar, con el derecho a suspender su actividad en las situaciones de nacimiento, ejercicio corresponsable del cuidado del lactante, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia, y adopción, guarda con fines de adopción y acogimiento familiar”.

Cs hace hincapié en que «a pesar de lo expuesto, las particulares circunstancias en que se desarrolla la actividad de los profesionales de la Justicia, fundamentalmente abogados y procuradores que actúan generalmente por cuenta propia, requieren de una modificación de las normas procesales que favorezcan la conciliación de su vida profesional con la familiar y personal».

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Afirma que las actuales previsiones legales a este respecto, contenidas en las Leyes de Enjuiciamiento Civil y Criminal, resultan «manifiestamente insuficientes y presentan un tratamiento fragmentario de la cuestión al no tomar en su debida consideración su encaje en el proceso ni en los diversos órdenes jurisdiccionales».

«En definitiva, se trata de una regulación que no sólo no permite garantizar el derecho a la conciliación familiar que los profesionales de la Justicia tienen reconocido en su condición de trabajadores por cuenta propia, sino que, además, los sitúa en una evidente situación de desventaja frente a otros trabajadores«, explica Cs.

En virtud de lo expuesto, y a la luz del mandato constitucional a los poderes públicos contenido en el artículo 9.2 de la Constitución, «a cuyo tenor deben promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo sean reales y efectivas y remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud, deben promoverse las oportunas reformas legales que faciliten la conciliación de la vida profesional y la familiar de los abogados y procuradores, sin olvidar y garantizando siempre y en todo caso, que no se lesione el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva que asiste a las partes del proceso».

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«Quienes hemos ejercido el Derecho en los tribunales y como es mi caso estamos casados con abogadas, que desgraciadamente son las que más padecen este problema, hemos visto situaciones realmente terribles, como una abogada dándole el pecho a su bebé en la sala de vistas, así como que no puedan acompañar a su hijo a una reunión en el colegio o no saber con quién dejarlo si se pone malo», expone Bal a este diario.

«Esto en el mundo del contrato de trabajo, aunque hay que mejorar, tiene soluciones, mientras que en el mundo del ejercicio del Derecho no hay herramientas de conciliación», lamenta.

«Las actuales previsiones legales para la conciliación de los profesionales de la justicia resultan insuficientes al no considerar su encaje en el proceso ni en los diversos órdenes jurisdiccionales. Por ello, Cs presenta una iniciativa para impulsar las reformas legales oportunas», ha subrayado también la diputada Sara Giménez en un mensaje en Twitter.

Es la segunda vez que Cs lleva una iniciativa similar al Congreso. También registró en marzo de 2020 una Proposición de Ley para fomentar la conciliación de este sector que aún está pendiente de tramitación.

Entonces, la presidenta de Cs manifestó: «Medidas concretas como esta son un avance en la lucha por la igualdad y la conciliación, no decir “miembras”. Hechos, no solo palabras».