El Comité Permanente de Jueces para la Democracia (JpD) propone revisar el delito fiscal, definir las actuaciones de un Gobierno en funciones, implementar medidas para mejorar las condiciones de los refugiados, o derogar la Ley de Costas, entre otras medidas.
Desde Jueces para la Democracia, creen que es necesario «acabar con esta inseguridad jurídica» que genera un Gobierno en funciones.
Para esta asociación, la ausencia de límites nítidos sobre las competencias del ejecutivo después de las elecciones y en tanto no se forma nuevo gobierno es fuente frecuente de polémicas y actuaciones cuestionadas en tanto que no son las opciones de carácter discrecional o político que adoptaría un hipotético gobierno futuro.
Por ello, creen que debería regularse por ley este conjunto de facultades e incorporar la doctrina del Tribunal Supremo a este respecto.
Según ha asegurado el portavoz de JpD, Joaquim Bosch a Confilegal, «en los últimos meses hemos visto el vacío legal existentes sobre las decisiones que puede adoptar o no un Gobierno en funciones». Y mantiene que al amparo de esto «el Gobierno, por ejemplo, se está escudando en que no puede adjudicar plazas de jueces porque se encuentra en funciones», aunque «los jueces pensamos que sí se podría hacer».
Es necesario, insiste Bosch, «establecer un debate parlamentario, con luz y taquígrafos, que delimite las funciones de un Gobierno en funciones«. Porque, en la actualidad, «la Ley del Gobierno, no está muy clara», «delimita que no se pueden iniciar proyectos que impliquen al Gobierno siguiente, pero es ambigua».
Otras medidas:
1.- REVISIÓN DEL DELITO FISCAL
JpD propone modificar el delito fiscal, ante la necesidad de revisar la cuantía económica de la defraudación en cómputo anual necesaria para alcanzar el umbral del tipo básico (120 mil euros, ó 50 mil para fondos comunitarios), para proceder a una bajada sensible de esta cuantía, teniendo en cuenta que la cuantía para la consideración de la concurrencia del delito menos grave de hurto está cifrada en tan sólo 400 euros.
2.- MEDIDAS A FAVOR DE LOS REFUGIADOS.
Jueces para la Democracia considera un deber moral e histórico hacer un llamamiento a toda la sociedad española, en relación al tremendo drama humano que se está produciendo en el sur de Grecia y en el centro de Europa por los movimientos de poblaciones que solo son comparables a los acaecidos durante e inmediatamente después de la IIª Guerra Mundial.
E insisten en que asegurar que «como juezas y jueces europeos nos produce una profunda desazón la situación que están sufriendo cientos de miles de seres humanos, con la muerte hombres, mujeres, niños y ancianos».
Europa retrocedería décadas y posiblemente siglos, si se continúa permitiendo ese sufrimiento, que supone una vulneración lacerante y continúa de los esenciales valores que hacen de Europa un referente en cuanto a respeto de los derechos Humanos toda Europa debe reaccionar y adoptar solidariamente cuantas medidas sean necesarias.
En ese sentido muestra su «profunda preocupación por la situación de las personas que han tenido que abandonar sus casas y países de origen contra su voluntad. Instamos a todos las instituciones del Estado a que se impliquen seriamente en eliminar los efectos que ello está provocando». La Asociación «va a iniciar gestiones con las asociaciones judiciales de todos los países europeos a fin de acordar actuaciones que sirvan para remedir la inadmisible situación que día a día se está produciendo».
3.- DEROGACIÓN DE LA LEY DE COSTAS
La modificación operada hace dos años redujo injustificadamente el ámbito de protección de la superficie que debía conformar el dominio público marítimo terrestre, y acotó, para excluirlos, una serie de supuestos que hasta ahora formaban parte de este concepto, además de reducir la franja de protección del litoral, con importantes efectos en cuanto a la consolidación de actuaciones urbanísticas gravemente lesivas al medio ambiente y al litoral. Por ello, «Jueces para la Democracia propone la derogación de la Ley 2/13, de Modificación de la Ley 22/1988, de Costas».
4.-DENUNCIA DEL TRATADO INTERNACIONAL LOS HIDROCARBUROS
Este convenio de limitación de responsabilidad supone un privilegio para la actividad de transporte marítimo de hidrocarburos, que determina que en caso de siniestro no exista una garantía real de reparación del daño causado por el vertido de petróleo y sus derivados, ni a las personas y bienes ni al medio ambiente.
Se propone que el Parlamento denuncie el Tratado y que promueva uno nuevo basado en los principios de responsabilidad objetiva, de carácter ilimitado y solidario entre todos los beneficiarios materiales de la actividad, así como la contemplación como indemnizable de todo el daño causado, incluído el ambiental. En tanto esto no se logra, se propone la aprobación de una ley española en estos términos (semejante a la Oil Pollution Act norteamericana de 1990) y se condicione el paso inocente por las aguas jurisdiccionales españolas (incluida la ZEE) al cumplimiento de este régimen de aseguramiento.
