El Tribunal Supremo ha condenado a Pricewaterhousecoopers (PWC) a pagar más de dos millones de euros al empresario canario, Félix Santiago Meilán, por un mal asesoramiento en materia fiscal y contable.
La cantidad comprende la reclamación del ejercicio 1998, determinado por la Agencia Tributaria, que comprende la cuota de 1.200.293 euros, unos intereses de demora de 718.570,16 euros y 230.796 euros, correspondientes a los gastos de la defensa jurídica ante Hacienda, desembolsados por el empresario.
La dirección legal de Félix Santiago Melián ha estado a cargo de Nicolás González-Cuéllar, socio director de González-Cuéllar Abogados, que ha conseguido vencer la balanza de la Justicia a favor del empresario.
La sentencia, emitida en marzo de este año, pone fin a un pleito de más de nueve años que ha tenido un largo recorrido hasta llegar al Alto Tribunal. Y deja sentado que los trabajos realizados por PWC supusieron un mal asesoramiento fiscal y contable que resultaron un perjuicio probado para el empresario.
El conflicto tuvo su origen en la creación de un holding de empresas para Santiago Melián que le permitirían una mejor gestión de sus empresas manteniendo los beneficios fiscales, en especial la llamada Reserva de Inversiones en Canarias, o RIC, una ventaja fiscal existente en las islas que exime pagar el IRPF si se reinvierten los beneficios.
Las modificaciones implementadas por PWC lejos de ser ventajosas para el empresario supusieron el comienzo de una pesadilla, que lo enfrentó con Hacienda y que ha terminado desembocando ante la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo.
El tribunal, formado por los magistrados Ignacio Sancho Gargallo -también ponente-, Francisco Javier Orduña Moreno, Rafael Sarazá Jimena y Pedro José Vela Torres, estima parcialmente el recurso de PWC en cuanto a la condena de 335.415 euros, que se le había impuesto a pagar al empresario por los costes financieros del aval prestado en garantía de aplazamiento de los pagos a la Agencia Tributaria.
Para la reducción del importe se ha tenido en cuenta que, por la vía contencioso-administrativa, se ha establecido que el devengo de intereses por los gastos de dicho aval no trae causa de la falta de contabilización de la RIC sino de la incorrecta liquidación de intereses de la propia Agencia Tributaria.
SENTENCIA:
