El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) ha registrado ante la Mesa del Congreso una proposición de ley para reformar el Código Penal con el objeto de suprimir la prisión permanente revisable «por no hallarse justificada desde razones de política criminal» y por considerarla «inconstitucional».
En su escrito, firmado por el portavoz del PNV, Aitor Esteban, se advierte de que la prisión permanente revisable «encubre la pena de prisión de por vida o prisión perpetua», vulnerando «claramente elementos nucleares de la Constitución».
«Rompe peligrosamente con uno de los consensos constitucionales de 1978», insiste.
El PNV tilda esta reforma del Gobierno de Mariano Rajoy como una «irresponsable medida» que choca con el modelo garantista establecido por la Carta Magna.
Por este motivo, reclama una modificación del Código Penal, entendiendo que «solo así podremos evitar un día hallarnos inmersos en un derecho penal totalitario, desigualitario, desproporcionado e injusto».
«La propia Constitución ha descartado por inhumana la pena de muerte y establece que las penas no sean inciertas y proscribe la cadena perpetua cuando incluye el mandato de la reinserción de las penas», recuerdan los nacionalistas vascos.
PENAS POR MATAR AL REY
El PNV pide que los delitos contra la Corona, como matar al Rey o la Reina, pasen de la prisión permanente revisable -revisable, por tanto, tras entre 25 y 35 años de cárcel del reo- pasen a ser penados con 40 años como máximo, en aquellos casos donde concurrieran dos o más agravantes.
Las penas mínimas por este delito serían 30 años.
La pena se reduce a entre 20 y 25 año para quien matare a un jefe de un Estado extranjero de visita en España.
El PNV pide que el tercer grado o régimen de semilibertad sea autorizado por el tribunal cuando exista pronóstico individualizado de reinserción social y no antes de los 20 años de prisión efectiva en los delitos más graves, 15 años en el resto de casos.
Los nacionalistas vascos abogan por imponer penas de doce a 15 años de prisión por desapariciones forzadas, definiendo estos delitos como «aprehensión, detención, secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que la autorización, apoyo o aquiescencia del Estado». EP.
