Los jueces que se enfrentan a los macro-procesos contra la corrupción, en los que operan complejos mecanismos de delincuencia económica, recibirán formación de funcionarios de Hacienda, ha anunciado hoy el presidente del Supremo y del Poder Judicial, Carlos Lesmes.
Lesmes ha hecho este anuncio en la inauguración del curso «Macroprocesos y delitos contra la corrupción» que dirige Pablo Ruz, quien fuera instructor del Caso Gurtel en la Audiencia Nacional.
En su discurso ha calificado la corrupción de mal «sistémico que «pone en grave riesgo la economía y la vida democráticas», que mina la confianza de los ciudadanos en las instituciones.
La colaboración entre los tribunales y el órgano dependiente de Hacienda se materializa en actuaciones de auxilio judicial, investigaciones patrimoniales y cesión de información tributaria, lo que hace necesario aumentar la formación a través de jornadas, estancias de estudio e investigaciones en las que participen magistrados y personal adscrito a la Agencia Tributaria.
En el curso sobre «Macroprocesos y delitos contra la corrupción» inaugurado hoy se analizarán las últimas novedades del proceso penal para evaluar la eficacia de la respuesta judicial frente al fenómeno de la corrupción, se abordará la cooperación judicial internacional en la investigación de este tipo de delitos y se debatirán los principales retos de la investigación penal desde la perspectiva del juez de instrucción.
«PRESIONES» A JUECES QUE INVESTIGAN LA CORRUPCIÓN
El presidente del órgano de gobierno de los jueces ha enumerado las dificultades que experimentan los jueces en la investigación de la delincuencia económica. Entre ellos, ha citado su complejidad, la «sobrecarga» de muchos órganos judiciales e «incluso las presiones que a veces reciben» los magistrados en el desarrollo de sus instrucciones.
A su juicio, la corrupción pone en grave riesgo el desarrollo económico y el funcionamiento de la democracia. «Las prácticas clientelares y las redes opacas inciden de forma muy negativa en la sociedad y distorsionan los mecanismos ordinarios de toma de decisiones», ha añadido.
En un foro, con más de 70 asistentes, Lesmes ha destacado que la prueba pericial cobra relevancia en este tipo de procesos, en el que existe una «multiplicidad» de normas, centenares de investigados y diversos acusadores, mientras que ha abogado por un «marco legislativo específico» destinado a dar una mejor respuesta a la «macrocriminalidad».
Finalmente, ha puesto de relieve el compromiso del CGPJ en la lucha contra la corrupción y ha recordado que entre sus cometidos se encuentran ser el garante de la independencia judicial, la alta inspección de los tribunales, la formación de los jueces, la propuesta de medidas de refuerzo a los juzgados y el estudio de las quejas de los ciudadanos.
El curso, que está dirigido por el magistrado del Juzgado de Instrucción número 4 de Móstoles, Pablo Ruz, será clausurado el próximo miércoles por la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal. (CONFILEGAL/EP)
