El Pleno del Congreso de los Diputados del 19 de abril próximo tiene previsto tomar en consideración la proposición no de ley (pnl), presentada por Ciudadanos, para eliminar las tasas para pymes y ONGs, que fueron introducidas durante el mandato del ministro Alberto Ruiz Gallardón.
Si la mayoría de los diputados aprobaran esa proposición no de ley entonces emprendería el camino parlamentario para su conversión en ley.
Ese día le corresponderá la defensa de la iniciativa a su autor, Marcial Gómez, diputado de Ciudadanos y miembro de la Comisión de Justicia, quien, junto a Luis Sosa, abogado y miembro de la Brigada Tuitera, un grupo que agrupa a 15.000 abogados, juristas y ciudadanos que defienden la supresión de las tasas, presentó en el Registro del Congreso la mencionada proposición no de ley el pasado 22 de febrero.
El texto de la proposición no de ley dice con claridad que tienen que estar exentos de esta tasa:
«a) Las entidades sin fines lucrativos que hayan optado por el régimen fiscal especial de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal especial de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.
b) Las entidades total o parcialmente exentas en el Impuesto sobre Sociedades.
c) Las personas físicas.
d) Los sujetos pasivos que tengan la consideración de entidades de reducida dimensión de acuerdo con lo previsto en la normativa reguladora del Impuesto sobre Sociedades».
NUEVE PARLAMENTOS AUTONÓMICOS HAN APROBADO PNLs SIMILARES
Hasta la fecha, nueve parlamentos autonómicos han aprobado pnls instando al Gobierno de la nación a derogar las tasas judiciales para pymes y ONGs: Andalucía, Canarias, Navarra, Madrid, Aragón, País Vasco, Castilla-La Mancha, Cantabria y Murcia.
En todos esos casos, como en el del Congreso, el motor que lo ha impulsado ha sido la Brigada Tuitera.
Todos los partidos políticos con representación parlamentaria -a excepción del PP- se comprometieron en las pasadas elecciones a suprimir las tasas para pymes y ONGs.
“La tutela exige que los ciudadanos tengan acceso efectivo a la Administración judicial, sin tasas”, declaró Albert Rivera, de Ciudadanos. “Mi compromiso es suprimir trabas que impiden que la ciudadanía pueda acceder a la justicia en igualdad”, escribió Pedro Sánchez, líder del PSOE, en Change.org. “Podemos no contempla otra justicia que no sea gratuita”, manifestó Pablo Iglesias, Podemos. “Un derecho fundamental no puede estar condicionado a los recursos de cada uno”, Alberto Garzón, de Izquierda Unida-Unidad Popular.
