La secretaria de Estado de Justicia, Carmen Sánchez-Cortés, y la presidenta de la Fundación ANAR (Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo), Silvia Moroder de León y Castillo, han firmado hoy un convenio de colaboración que amplía la protección de los menores víctimas de cualquier tipo de violencia con el refuerzo de la tutela y ejercicio de sus derechos, así como con la asistencia y apoyo psicológico y social que precisen durante las actuaciones policiales y judiciales que les afecten.
El convenio potencia la utilización del Teléfono ANAR y sus cinco líneas de ayuda a niños y adultos como herramienta de apoyo al Ministerio de Justicia y las instituciones dependientes que prestan servicios de asistencia a las víctimas de delitos. Así, se establece un protocolo de coordinación y comunicación entre el Teléfono ANAR y las Oficinas de Asistencia a Víctimas de Delitos para cooperar en la ayuda a los menores afectados y a sus familiares. Este acuerdo permite también mejorar la atención y el tratamiento de los casos de menores víctimas de sustracción parental en el marco de la Cooperación Jurídica Internacional.
Según este acuerdo, las entidades dependientes del Ministerio de Justicia, las Oficinas de Atención a las Víctimas, las fiscalías, las sedes de juzgados y tribunales y cualquier otra autoridad o institución relacionada con menores víctimas de violencia darán difusión al servicio prestado por el Teléfono ANAR. La misma Fundación se compromete a colaborar en la formación de los funcionarios y profesionales de la Administración de Justicia que tienen contacto cotidiano con los menores en procesos judiciales para que su trato se adapte a la sensibilidad de los pequeños.
La experiencia detectada a través el Teléfono ANAR en relación con los problemas que los menores y sus familiares encuentran en el ámbito de la Administración de Justicia se registrará en informes y estudios específicos que la Fundación facilitará periódicamente al Ministerio de Justicia.
Este acuerdo se enmarca en la iniciativa legislativa de mejora de la protección jurídica de los menores desarrollada por el Gobierno durante toda la legislatura.
Entre las medidas adoptadas se encuentra la reforma de los sistemas de protección a la infancia y la adolescencia, el incremento de la prevención de la sustracción internacional de menores que implica la Ley de jurisdicción voluntaria, así como las modificaciones del Código Penal que han permitido, entre otras, la elevación de la edad del consentimiento sexual a los dieciséis años, la tipificación expresa de la prostitución de menores de edad y el castigo específico a la pornografía infantil y otros abusos cometidos a través de internet u otros medios de telecomunicación.
Asimismo, la puesta en marcha del Registro Central de Delincuentes Sexuales, que entró en funcionamiento a principios del pasado mes de marzo, está encaminada a este mismo objetivo. Todos los profesionales que ejerzan o vayan a ejercer una profesión o actividad que implique contacto habitual con menores deben acreditar la carencia de este tipo de delitos mediante el Certificado negativo de Delitos de Naturaleza Sexual.
