Salvador Alba, el magistrado al que el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil, finalmente, le ha dado la razón sobre los audios del empresario Ramírez. Eldiario.
El sustituto de Rosell pliega velas y retira su petición de amparo al CGPJ, pero no se sabe por qué
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20/4/2016 14:27
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Actualizado: 21/4/2016 05:41
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El juez que ocupó la vacante dejada por la actual diputada de Podemos, Victoria Rosell, en el Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria, ha plegado velas y retirado su petición de amparo ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) porque veía afectada su independencia por informaciones publicadas en el diario Canarias Ahora.
A día de hoy, no ha trascendido el contenido concreto de la citada petición al Consejo ni las razones del desistimiento. A día de hoy todo el caso es un misterio.
Salvador Alba Mesa, que así se llama el magistrado, presentó el 7 de abril el escrito de amparo solicitando al órgano de gobierno de los jueces le protegiera mediante una declaración pública de apoyo.
El director de Canarias Ahora es Carlos Sosa, pareja de Victoria Rosell.
Los dos escritos, en el que Salvador Alba hacía tal solicitud y el recibido ahora, desistiendo de dicha petición, serán estudiados en una próxima reunión de la Comisión Permanente de este órgano que se celebra este jueves, han informado fuentes del órgano de gobierno de los jueces.
El pasado 12 de febrero el promotor de la Acción Disciplinaria CGPJ, Antonio Jesús Fonseca-Herrero, archivó unas diligencias abiertas después de que la Fiscalía Provincial de Las Palmas denunciara que Rosell podría haber incurrido en una falta disciplinaria por retardar su actuación en una causa abierta por fraude fiscal contra el empresario Miguel Ángel Ramírez, presidente del club de fútbol Unión Deportiva Las Palmas.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) propinó después un serio correctivo a la Fiscalía de las Palmas -el pasado 7 de marzo-, en una sentencia en la que declaraba nulas todas las investigaciones llevadas a cabo por la Fiscalía.
“Negamos, de acuerdo con el mandato constitucional“, decía la sentencia, “que entre las funciones que tiene atribuida la Fiscalía se encuentre la de incoar procedimientos disciplinarios a Jueces y Tribunales”.
“No existe norma legal alguna que así lo afirme, ni podría existir sin contravenir el mandato constitucional”, añade el fallo del TSJC, que reconoce que, con esa investigación, se vulneraron el derecho de defensa y el derecho a participar en unas elecciones de Victoria Rosell.
QUERELLA EN EL SUPREMO
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo tiene pendiente decidir si admite o no a trámite una querella presentada por el exministro de Industria, Energía y Turismo en funciones, José Manuel Soria, contra la diputada de Podemos por los delitos de calumnias, injurias, prevaricación judicial, retardo malicioso en la administración de justicia y cohecho.
Los tres últimos delitos se los atribuye el exministro a Rosell por presuntamente favorecer al empresario Ramírez mientras negociaba la decisión de la emisora antes citada.
La Fiscalía del Supremo considera, sin embargo, que el ministro en funciones carece de legitimación para acusar en relación con estos hechos y ha solicitado el archivo de la querella.
El último paso dado por el Supremo sobre este asunto ha sido el de reclamar a Alba un informe sobre las «vicisitudes e incidencias que hayan podido afectar a la duración del proceso» que inició Rosell contra Ramírez.
Este requerimiento busca «recabar una mínima relación de documentos que permita fundamentar adecuadamente la resolución que sirva de desenlace a la querella» presentada por el exministro José Manuel Soria. CONFILEGAL/EP.
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