Catalá califica de «intolerables» las palabras del magistrado De Prada sobre las torturas en España
Catalá aplicará la decisión del Tribunal Constitucional sobre las Tasas. Confilegal.

Catalá califica de «intolerables» las palabras del magistrado De Prada sobre las torturas en España

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21/4/2016 15:57
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Actualizado: 12/4/2022 13:36
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El ministro español de Justicia en funciones, Rafael Catalá, ha calificado hoy de «intolerables» las afirmaciones del juez José Ricardo de Prada de que en España se han producido torturas, y le ha instado a denunciar esas prácticas, si tiene conocimiento de ellas, o a pedir perdón a las fuerzas de seguridad.

Así de contundente se ha mostrado Catalá desde Bulgaria donde participa en una conferencia de alto nivel con los ministros de Justicia de la Unión Europea (UE).

De Prada aseguró en un foro organizado por el Ayuntamiento de Tolosa, en el que participaron víctimas de ETA, del GAL y de diversas situaciones de conflicto en el País Vasco, que en España «la tortura se ha producido de manera clara» y él ha vivido casos de «sospecha fuerte» en los que «los tribunales no han dado respuesta como corresponde a un Estado de derecho».

Antes estos comentarios, el ministro Catalá ha afirmado que España es «un Estado de Derecho, es una democracia, es un país donde el sistema judicial fiscaliza la actuación de todos los ciudadanos y de todos los poderes públicos».

«Si este señor (en referencia al magistrado) está insinuando, o está diciendo directamente, que las fuerzas de seguridad en España cometen algún delito, será porque tiene conocimiento de ello. Está incumpliendo una obligación de denunciarlo, porque quien tiene conocimiento de la comisión de un delito debería denunciarlo», ha insistido el ministro de justicia en funciones.

El titular en funciones de Justicia ha considerado «que es intolerable una declaración de un miembro del poder judicial en ese sentido» y ha defendido la labor de las fuerzas de seguridad españolas.

Algo que también hizo ayer el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que tachó de «infames» las declaraciones del magistrado, antes de pedir al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que adoptara «algún tipo medida» y recordar que la legislación española tipifica los delitos de humillación de las víctimas o de apología del terrorismo.

RESPUESTA DE JUECES PARA LA DEMOCRACIA

La asociación Jueces para la Democracia (JpD) ha defendido al magistrado de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada, y ha calificado de «inadmisible» cualquier intento de limitar la libertad de expresión o de atacar el ejercicio de la independencia judicial del magistrado.

La asociación judicial cree que el ministro del Interior «instrumentaliza» a las víctimas del terrorismo, ya que De Prada no aludió a ellas y «se limitó a mostrar su preocupación por la existencia de casos de torturas que, aunque no son sistemáticos, resultan inadmisibles en un Estado de derecho».

Jueces para la Democracia subraya que la realidad de casos de tortura «está confirmada por diversas resoluciones judiciales que el ministro parece desconocer», y recuerda a Fernández Díaz que, entre ellas, se encuentra la condena a cuatro agentes que fueron indultados por el Gobierno del PP a pesar de los informes desfavorables del tribunal sentenciador.

En este sentido, Jueces para la Democracia recuerda que «el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado hasta en seis ocasiones a España por no realizar una investigación adecuada de torturas denunciadas». Y  que el Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa «se ha dirigido en varias ocasiones a nuestro país para reclamarle mayor firmeza para impedir malos tratos y torturas a personas detenidas».

Desde Jueces para la Democracia se muestran «convencidos de que nuestras fuerzas de seguridad no comparten que la lucha contra el terrorismo pueda realizarse con instrumentos ajenos al Estado de Derecho, que resultan especialmente contrarios a la dignidad humana».  Y señalan que «las actuaciones puntuales que supongan un trato inhumano o degradante contra las personas detenidas no pueden silenciarse, sino que han de ser perseguidas desde el derecho penal».

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