La Fiscalía Anticorrupción ha recurrido la decisión de la juez de Vigilancia Penitenciaria número 3 de Madrid, María del Prado Torrecilla, de conceder la progresión al tercer grado del expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra porque debe a la Hacienda Pública «cantidades de dinero derivadas tanto de la responsabilidad civil como de la multa impuesta» en su condena.
En una nota de prensa, el Ministerio Público ha aclarado este lunes que ha presentado recurso en apelación directa ante la Audiencia Provincial de Castellón.
Fabra consiguió el pasado lunes el tercer grado penitenciario, un año y casi cinco meses después de ingresar en la prisión madrileña de Aranjuez, tras la condena a cuatro años de cárcel por fraude a la Hacienda Pública en el ‘caso Naranjax‘. Prisión que abandonó durante este último fin de semana.
En su recurso de apelación, la Fiscalía solicita al tribunal la revocación del tercer grado concedido al citado Carlos Fabra, quien actualmente cumple condena en la cárcel de Aranjuez.
La decisión de la juez de vigilancia se produjo en contra del criterio de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, que se opuso al tercer grado que provoca que Fabra sólo tenga que acudir a la cárcel para pasar la noche.
La Audiencia de Castellón condenó a Fabra, en noviembre de 2013, a cuatro años de prisión por cuatro delitos contra la Hacienda Pública, a una multa de 693.074,33 euros y a indemnizar a Hacienda con la misma cantidad por el total de la cuantía defraudada durante los ejercicios 1999, 2000, 2002 y 2003 más intereses legales.
La sala apreció la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas. La petición de cárcel para Fabra por parte de Fiscalía llegó a alcanzar los 13 años de prisión, una multa de 1,98 millones de euros y una indemnización de 693.000 euros. Sin embargo, la sentencia le absolvía de los delitos de tráfico de influencias y cohecho.
DENEGACIÓN DE INDULTO
Carlos Fabra ingresó en la prisión madrileña de Aranjuez el 1 de diciembre de 2014, diez días después de que el Gobierno acordara denegar la petición de indulto solicitada por el exdirigente ‘popular’, quien presentó la petición a finales de agosto ante el Ministerio de Justicia tras la confirmación por el Tribunal Supremo de la sentencia que le condenaba.
Ingresó en prisión tras un juicio y una sentencia que en noviembre de 2013 puso fin a un auténtico ‘maratón’ judicial, cuya instrucción se prolongó a lo largo de una década y de multitud de cambios en el juzgado de Nules encargado de la causa, por el que pasaron hasta nueve jueces.
El origen del proceso se sitúa en diciembre de 2003, cuando el empresario Vicente Vilar, propietario de la firma Naranjax y hasta entonces amigo de Fabra, presentó dos querellas en los juzgados de Nules en las que acusaba al expresidente de la Diputación de cobrarle dinero a cambio de favorecer a su empresa en la comercialización de productos fitosanitarios. A esta denuncia, en 2005, se sumó otra de la Agencia Tributaria por presunto fraude fiscal, que el juzgado admitió a trámite y anexionó al proceso ya abierto.
