La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha admitido a trámite la querella contra la diputada de Podemos, Victoria Rosell, «para la investigación de los delitos de retardo malicioso en la administración de Justicia, prevaricación judicial y cohecho».
Así lo han decidido los cinco magistrados que forman la Sala de Admisión de dicha Sala tras estudiar la documentación remitida por el actual juez del Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria, Sebastián Alba, quien sustituyó a la magistrada en servicios especiales el pasado mes de octubre, cuando dio el salto a la política.
«Analizados los documentos remitidos a esta Sala, los restantes hechos que se imputan exigen ser investigados con el fin de esclarecer su verdadero alcance», dice el auto dictado al efecto y suscrito por Manuel Marchena -presidente de la Sala-, Ana Ferrer, José Manuel Maza, Francisco Monterde y Ramón Soriano-, quienes conforman la Sala de Admisión.
El magistrado Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre ha sido designado como instructor de la causa, en la fase de investigación.
«Será, pues, el juez instructor designado por esta Sala quien deberá practicar las diligencias de investigación que estime pertinentes con el fin de concluir -o descartar- si la demora en la tramitación de las diligencias previas 644/2014, seguidas ante el Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria estuvo relacionado con el deseo de favorecer las relaciones comerciales entre D. Carlos Sosa -persona con la que la Sra. Rosell convive y mantiene una relación afectiva- y el imputado en aquellas diligencias, D. Miguel Ángel Ramírez«, se puede leer en el auto.
Los cinco magistrados afirman que el instructor deberá «dilucidar» si las resoluciones dictadas por la magistrada en servicios especiales eran el vehículo «para la consecución del objetivo de la Sra. Rosell que, según el querellante, buscaba enriquecer a su pareja».
La Sala de Admisión hace referencia expresa en su auto a la declaración del empresario, Miguel Ángel Ramírez, ante el juez Alba, «en la que se aludió a la existencia de pagos continuados a D. Carlos Sosa«.
Esto, por lo tanto, «exige del Magistrado-instructor investigar si tales hechos son -o no- subsumibles en el delito de cohecho», dice el auto.
La querella fue presentada ante el alto tribunal por el hoy exministro de Industria, José Manuel Soria, a través del abogado Eligio Hernández, exfiscal general del Estado.
CALUMNIAS E INJURIAS DESESTIMADAS
Por otra parte, la Sala de Admisión desestima en el auto la querella en lo relativo a las imputaciones de calumnias e injurias, que se basaban en unas declaraciones de Rosell al calificar las diligencias preprocesales que le abrió la Fiscalía de Las Palmas como «…un intento de José Manuel Soria y del PP para neutralizar a un rival político usando a la Fiscalía».
«La frase que centra nuestro examen encierra una descalificación genérica cuyo alcance penal resulta más que cuestionable», dice el auto. Porque, en el caso de la calumnia, no se imputan unos «hechos delimitados en el tiempo y con expresión, más o menos precisa, de sus circunstancias». Y en el caso de las injurias «las afirmaciones que son objeto de análisis tampoco pueden ser etiquetadas como constitutivas de un delito» de ese tipo.
«La libertad de expresión que ampara a la querellada presenta un carácter constitucionalmente prevalente sobre el honor o la dignidad institucional del querellante», añade el auto, argumentando su desestimación.
La decisión de la Sala de Admisión de la Sala Segunda del Tribunal Supremo influirá, sin duda, en la comparecencia que el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, tiene que hacer el próximo viernes en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, de la que forma parte la diputada Rosell.
Victoria Rosell no perderá esa condición, caso de convocarse elecciones el próximo 3 de mayo, ya que forma parte de la Diputación Permanente de Las Cortes, como sustituta.
AUTO DE ADMISIÓN DE LA QUERELLA
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