«El procedimiento ha sufrido un retraso evidente e inexplicable, teniendo en cuenta la presencia de dos jueces en este Juzgado», dice el informe remitido ayer al Tribunal Supremo por el actual titular del Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria, Salvador Alba, en una de sus tres conclusiones.
«Y se ha de destacar la circunstancia de que las irregularidades procesales y materiales destacadas en este informe no se han detectado en otros procedimientos de este Juzgado, en los que se ha observado clara diligencia en el traslado de documentación a las partes, notificaciones, y desde luego celeridad en su tramitación», se puede leer más adelante en el documento, al que ha tenido acceso Confilegal.
El caso al que se refiere el magistrado Alba es la investigación por delitos fiscales y contra la Seguridad Social contra Miguel Ángel Ramírez, empresario y dueño de la Unión Deportiva Las Palmas, de la que fue responsable la magistrada Victoria Rosell desde principios de 2014 hasta el pasado mes de octubre de 2015, como jueza instructora en ese Juzgado.
En esa fecha Rosell abandonó temporalmente la judicatura, pasó a servicios especiales y se presentó como cabeza de lista de Podemos por Gran Canaria al Congreso de los Diputados, puesto que obtuvo, por eso es hoy competente el Tribunal Supremo en la investigación de este asunto.
Ramírez mantenía relaciones económicas con la pareja de la diputada Rosell, el periodista Carlos Sosa. Y así queda constatado en el informe. «La declaración de Miguel Angel Ramirez como investigado (…) aporta numerosos datos sobre las relaciones comerciales existentes entre Carlos Sosa Baez ( a través de Virtual Press, Canarias Ahora, o Clan de Medios de Comunicación y Marketing ) y Grupo Ralons y que han existido durante años».
PARALIZACIÓN
Sobre la instrucción llevada a cabo, el magistrado Alba escribe: «Destacar que entre la providencia de 14 de julio de 2014 y la de 10 de julio de 2015, que accede al sistema Atlante el 14 de julio de 2015, se dictó tan solo el auto de 5 de mayo de 2015 que resolvía un recurso interpuesto por el ministerio fiscal en abril del año anterior, y una providencia de 18 de junio. Ello pese a existir escritos de ampliación de querella, solicitud de fianza, recurso de reforma pendiente, diligencias pendientes solicitadas por las partes, informes de la policía que deberían haber sido objeto de análisis y estudio , y se unieron al procedimiento sin sello ni registro alguno, ignorando la fecha en que ello se produjo, y destacando las sucesivas peticiones de impulso procesal».
«Esta paralización en el tiempo coincide con el periodo previo a la incoación de diligencias preprocesales de la Fiscalía de Las Palmas, incoadas a raiz de denuncia anónima en la que constaba un contrato suscrito a finales del mes de octubre de 2015 entre Carlos Sosa Baez, pareja de María Victoria Rosell, y la Unión Deportiva Las Palmas, por el que aquél alquilaba una licencia de radio para que la emisora de la entidad deportiva pudiera seguir emitiendo . El contrato se cifró en unos 300.000 euros», añade.
Asimismo, señala que la hoy diputada ignoró siete peticiones, «a lo largo de casi dos años en las que se reitera una y otra vez que se imponga una fianza» al investigado, cosa que hizo el autor del informe el 9 de diciembre de 2015, en la cantidad de 35 millones de euros.
De la lectura del informe, en el que se detallan todas las irregularidades detectadas en la instrucción del caso, se desprende la impresión que la juez Rosell debería haberse abstenido de continuar con un asunto que afectaba al empresario que mantenía relaciones comerciales con su pareja.
Ahora le corresponde a la Sala de Admisiones de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo decidir si lo archiva, o si, por el contrario, lo admite a trámite a trámite. Fue esta Sala, compuesta por los magistrados Manuel Marchena, Ana Ferrer, José Manuel Soriano, José Manuel Maza y Francisco Monterde, la que ordenó, hace diez días, al magistrado Alba que elaborara este informe, ignorando la petición de archivo de la querella del Ministerio Fiscal, para tomar una decisión final.
La querella que ha dado luz a este procedimiento fue presentada por el exministro de Industria, José Manuel Soria, a través de su abogado, el exfiscal general del Estado, Eligio Hernández, por los supuestos delitos delitos de prevaricación, retardo malicioso y cohecho.
