«El léxico jurídico debe ser lo suficientemente inteligible para permitir que el ciudadano comprenda las razones por las que ha sido excluido de un concurso u oposición, los conceptos de su declaración de la renta o lo que significan las cláusulas de su contrato de alquiler o hipoteca», ha afirmado hoy el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, durante la presentación del Diccionario del español jurídico, que ha tenido lugar en la sede de la Real Academia Española.
La nueva obra va orientada en la misma dirección establecida por los 23 poderes judiciales que forman parte de Cumbre Judicial Iberoamericana -de la que forma parte España- con el fin de que los ciudadanos puedan comprender con facilidad, y sin complicaciones, las fundamentaciones contenidas en los escritos judiciales.
Así se acordó en la XVIII Asamblea de Cumbre, que tuvo lugar entre el 13 y el 15 de abril en Asunción, Paraguay, en la que se tomó la decisión de eliminar el uso de las frases en latín de los dictámenes, escritos de acusación, autos y sentencias. Una propuesta que impulsaron los representantes de Paraguay, Colombia, Bolivia, Chile, Ecuador y España.
Esta decisión se encontró en España con la crítica frontal de las cuatro asociaciones de jueces, que consideran que la eliminación de las frases en latín no es el problema más grave que tiene hoy la Justicia española.
ACTO INSTITUCIONAL
En el acto institucional intervinieron Darío Villanueva, director de la Real Academia de la Lengua (RAE), Lesmes y Santiago Muñoz Machado, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense, académico de número, secretario de la RAE y director de la obra, quien contó con un equipo de redacción de casi 150 juristas y un grupo de lexicógrafos.
El Diccionario del español jurídico es el resultado del convenio de colaboración entre el CGPJ y la Real Academia de la Lengua (RAE) suscrito el 26 de noviembre de 2014. Su objetivo es ayudar a la mejora expositiva y literaria de las resoluciones judiciales.
El volumen, que cuenta con 1.700 páginas y 30.000 entradas, ha sido publicado por Espasa y cuesta entre 94,05 y 99 euros, dependiendo de la librería.
El CGPJ, según explica su Oficina de Comunicación, ha cedido la explotación de los derechos de autor, mientras que la Real Academia dará acceso de forma gratuita a los miembros de la Carrera Judicial a las ediciones electrónicas del ‘Diccionario del español jurídico’ y también del ‘Libro de Estilo de la Justicia’.
Este ‘Libro de Estilo de la Justicia’, contemplado en el convenio citado, todavía «no ha nacido». Se está trabajando en él para ayudar a los jueces y tribunales al ‘buen uso del español’. Cuando vea la luz, contendrá normas de escritura, formas de manejar los nombres, las abreviaciones y los signos, reglas gramaticales, errores frecuentes, utilización de términos de otros idiomas extranjeros, etcétera.
El Diccionario del español jurídico tendrá próximamente una edición electrónica y en el futuro contará con una versión panhispánica, que incluirá los vocablos, locuciones y acepciones del léxico jurídico de los Países iberoamericanos.
La RAE expuso ese proyecto en el último congreso de la Asociación de Academias de la Lengua Española, celebrado en México en noviembre de 2015, y el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial invitó a los representantes de las Cortes Supremas y de los Poderes Judiciales iberoamericanos a sumarse al mismo durante la XVIII Asamblea Plenaria de la Cumbre Judicial Iberoamericana que tuvo lugar hace escasas semanas en Paraguay.
