El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha confirmado la prisión para los máximos responsables de Ausbanc, Luis Pineda, y Manos Limpias, Miguel Bernard, al rechazar sendos recursos en los que pedían su puesta en libertad inmediata.
La defensa de Miguel Bernad alegó que no concurría riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas en el caso de su cliente, al tiempo que esgrimía la doctrina que el Tribunal Supremo establece sobre la prisión provisional como una medida de carácter excepcional que no debe decretarse ante «meras» sospechas.
El responsable de Ausbanc, por su parte, recurrió también la decisión del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que decretó el pasado 18 de abril su ingreso en prisión incondicional ante el temor de que huyeran, al disponer de «infraestructura empresarial y capital económico en el extranjero» que les permitiría, a su juicio, emprender una vida fuera de España.
Pedraz investiga a Pineda por delitos de fraude en las subvenciones, estafa, administración desleal, extorsión, amenazas y pertenencia a organización criminal; mientras que atribuye estos tres últimos a Miguel Bernad.
El juez sospecha que Pineda aprovechó la «cobertura» de la defensa de los consumidores para «coaccionar» a entidades bancarias, alcanzar «acuerdos económicos enmascarados» en contratos publicitarios y conseguir un beneficio «personal» utilizando en su provecho a Manos Limpias.
El juez dejó en libertad al responsable de comunicación de Manos Limpias Javier Castro Villacañas Pérez, el responsable del Área de Delegaciones de Ausbanc, Ángel Garay y el tesorero de Ausbanc Alfonso Solé, a quienes impuso comparecencias quincenales en el juzgado, la retirada del pasaporte y la prohibición de salir de España.
El dinero recaudado por Ausbanc procedía de «convenios publicitarios» así como de las subvenciones que recibía por su condición de asociación sin ánimo de lucro, señalaba el magistrado en el auto, en el que detallaba que la red contaba con ramificaciones internacionales en Colombia, Venezuela y EEUU. Los investigadores detectaron presiones en los casos de Nóos, Sabadell, Unicaja en los ‘ERE’ y Facua.
