El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha citado este martes a declarar al exdiputado del PP Pedro Gómez de la Serna por el presunto cobro de comisiones ilegales a empresas españolas para conseguir adjudicaciones públicas en Argelia, a costa, supuestamente, de sobornar a funcionarios de ese país.
El magistrado De la Mata emplazó a Pedro Gómez de la Serna a declarar cuando aún ocupaba un escaño en el Congreso y estaba aforado, por lo que, en ese momento, dejó claro que esa declaración era voluntaria. Sin embargo, ahora su situación ha cambiado. Ha perdido su condición de aforado tras la disolución de las Cortes, por lo que debería acudir a la Audiencia Nacional en calidad de investigado.
Gómez de la Serna y el exembajador Gustavo de Arístegui están siendo investigados por intermediar en la adjudicación de dos obras públicas a dos empresas españolas y cobrar por ello un dinero, unas gestiones que pudieron suponer delitos de corrupción en transacciones internacionales, cohecho, blanqueo de capitales y organización criminal.
Arístegui se dio de baja de militancia en el PP el pasado diciembre tras ser querellado por esta causa, mientras que a De la Serna el partido le abrió expediente disciplinario ante su negativa de renunciar a su candidatura a las elecciones, a las que concurrió como número dos por Segovia.
En enero, De la Serna se dio de baja del partido y se integró en el Grupo Mixto, escaño que ha ocupado hasta que hace unos días.
El exdiputado será el último en comparecer dentro de una ronda de declaraciones a los querellados por esta causa, entre ellos Arístegui y su hijo, que la semana pasada se acogieron a su derecho a no declarar ante el juez. Una estrategia que han seguido muchos de los citados, como el abogado y exdirigente del PP José Félix González Noriega.
SOCIEDADES PANTALLA
El magistrado de la Audiencia Nacional explicó en un auto, el pasado mes de enero, cree que los investigados integraban una red creada para «apropiarse de importantes cantidades de dinero mediante un complejo sistema de sociedades pantalla y una red de colaboradores».
La trama se dedicaba, según el juez, a «recibir dinero de distintas empresas españolas en atención a su función pública, con la promesa de intermediar para conseguir contratos en el extranjero; abonar sobornos y comisiones a funcionarios extranjeros para conseguir adjudicaciones de contratos y quedarse para sí importantes comisiones de éxito en premio por el buen fin de las gestiones».
Según el magistrado, «la actividad criminal se extendía desde la ideación del sistema hasta la puesta en marcha de los instrumentos societarios y la red de agentes; la celebración de los acuerdos con las distintas sociedades y empresas para asegurarse pagos y comisiones; la celebración de acuerdos con funcionarios públicos de otros países a los que abonarían comisiones y sobornos; y la percepción posterior de nuevas comisiones en caso de éxito de las gestiones».
Con respecto al delito de corrupción en las transacciones económicas internacionales, el juez señalaba que de la investigación preliminar de la Fiscalía se deduce la existencia de «posibles pagos dinerarios» realizados a autoridades y funcionarios públicos de Argelia y a sus familiares en relación con dos contratos de obra por la construcción de la estación desaladora de aguas de Souk Tleta, por un importe de 250 millones de euros, y el tranvía de Ouargla, con un coste de 230 millones.
Las dos obras fueron adjudicadas a las empresas Internacional de Desarrollos Energéticos y Elecnor, a través del grupo Voltar Lassen, que dirigían Gómez de la Serna y Arístegui, con la actuación del agente externo Cristóbal Tomé Becerra.
COHECHO Y BLANQUEO
El cohecho vendría condicionado por los pagos realizados por las empresas españolas a Gómez de la Serna y Arístegui, que se ejecutaron «directamente» o, debido a su condición de autoridad y funcionario público, a través de las empresas Scardovi (propiedad del diputado) y Karistia (controlada por el exembajador).
El delito de blanqueo de capitales se habría cometido, según su auto, tras la creación de una estructura internacional de sociedades pantalla que no tenían ninguna actividad mercantil y que realizaron «movimientos internacionales de capital que siguieron estructuras sofisticadas de ocultamiento del dinero».
En esta operativa habrían participado las sociedades Arroyo de Lagasca, Karistia Maroc SRL o Kamaroc y Castelino BV. Estas dos últimas, con domicilio social en Marruecos y Holanda, tendrían como «misión primordial» ocultar los beneficios dimanantes de los anteriores delitos y ser instrumento para su comisión bajo apariencia de una actividad mercantil». (CONFILEGAL/EP)
