El ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, ha insistido este lunes en que los letrados de la Administración de Justicia –antiguos secretarios— y los fiscales se coordinarán para cumplir con el plazo de calificación de las causas penales en cumplimiento del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), para el que tienen de ficha límite el próximo 6 de junio.
«Que es difícil no me cabe ninguna duda», ha reconocido Catalá en una comparecencia tras reunirse en el Ministerio de Justicia con el Consejo del Secretariado, un organismo que, según su portavoz, Fernando Cremades, insiste en que «sus funciones son las que son» y que corresponde a los fiscales dar cuenta de esta clasificación de causas que determina el tiempo que tienen los jueces para la instrucción, seis meses en los procesos sencillos y 18 en los complejos.
El ministro en funciones anunció el pasado jueves, tras reunirse con la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, que se había ordenado a los letrados de la administración que informasen de nuevo del número de causas pendientes de revisión, ofreciendo el dato de un 20% de media por provincia.
El Consejo Fiscal sostiene que es imposible cumplir con el plazo del 6 de junio y Justicia mantiene que «los datos» dicen que sí quedarán revisadas las 346.000 causas judicializadas en España a fecha del pasado mes de diciembre, un trabajo que, hasta hoy, ha sido calificado como «sencillo» por parte del ministro.
Este lunes Catalá ha reconocido «problemas» como el contar con sistemas de gestión dispares y «no muy evolucionados». Pero ha repetido que «se va a cumplir sobradamente» con la fecha límite y que, además, «en ningún caso» se archivarán causas penales por falta de revisión. «Nada de ley de punto final ni ninguna de esas barbaridades que se están diciendo», ha sostenido.
REPROCHES ENTRE FISCALES Y SECRETARIOS
El cumplimiento de la LECrim ha provocado un cruce de reproches entre asociaciones de fiscales y de letrados de la Administración de Justicia sobre la responsabilidad de cada cuerpo en este trabajo. Los segundos sostienen que el detalle de las causas es inaccesible desde su aplicación informática de gestión procesal y que se trata de una información que debería ser requerida por parte del Ministerio a las diferentes fiscalías.
La instrucción de Justicia, ha subrayado Catalá, es la de que cada uno de estos dos cuerpos cumpla con sus funciones. «Que no hagan más allá de lo que es su competencia», ha puntualizado, «pero garantizando desde el Ministerio la mejor coordinación». (EP)
