El ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, se reunirá este lunes con el Consejo del Secretariado para analizar el proceso de calificación de las causas penales en cumplimiento del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), un trabajo para el que tienen de plazo hasta el próximo 6 de junio.
El pasado jueves, Catalá anunció que desde el Ministerio se había cursado una orden a los letrados de la Administración de Justicia -antiguos secretarios judiciales– para que vuelvan a elaborar un listado con el estado del 20 por ciento de causas que estarían de media pendientes de clasificar como sencillas o complejas.
Esta clasificación determina el tiempo que tienen los jueces para instruirlas, seis en los procesos sencillos y 18 meses en las complejas. Según Justicia, el ministro quiere aprovechar este encuentro para agradecer «una vez más» a los letrados de la Administración de Justicia «su esfuerzo, su dedicación y su colaboración con las fiscalías para la revisión de las causas pendientes de clasificar».
En su comparecencia tras reunirse con la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal –quien rehusó dar explicaciones a los medios–, el ministro volvió a insistir en que se cumplirá con la ley y que el próximo 6 de junio quedarán revisadas las 346.000 causas judicializadas en los tribunales. «Un trabajo sencillo», comentó.
La orden de Justicia es que sean los letrados de la Administración de Justicia los que elaboren un listado actualizado de la situación de las causas pendientes de revisión, algo que ya se pidió el pasado mes de octubre. «La intención es cruzar esta información a partir del lunes próximo», comentó Catalá.
No obstante, Catalá no ofreció datos desglosados y pormenorizados de cuántas causas están pendiente de clasificación cuando faltan quince días para que expire el plazo. El ministro se limitó a decir que en «muchas provincias» ya se ha revisado el cien por cien de las causas y, en otras, queda una media del 20 por ciento por clasificar. También repitió que «en ningún caso» se archivará ningún proceso por no llegar a tiempo.
REPROCHES ENTRE SECRETARIOS Y FISCALES
En la previa de la reunión entre Catalá y Madrigal, el Consejo Fiscal había advertido que veía «imposible» cumplir con la LECrim. «La actual tesitura no permite a los fiscales asumir con seguridad la parcela de responsabilidad que les corresponde en la tramitación en plazo de los procedimientos penales», señaló en un comunicado este órgano consultivo presidido por la fiscal general del Estado.
Esta revisión también ha provocado un cruce de reproches entre asociaciones de fiscales y de letrados de la Administración de Justicia sobre la responsabilidad de cada cuerpo en este trabajo. Los segundos sostienen que el detalle de las causas es inaccesible desde su aplicación informática de gestión procesal y que se trata de una información que debería ser requerida por parte del Ministerio a las diferentes fiscalías. (EP)
