La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional está investigando las relaciones de Ausbanc y Manos Limpias con jueces, fiscales y otros funcionarios. Ya disponen de una lista de magistrados, en la que figuran al menos cinco, y empleados públicos que podrían haber favorecido a esas dos entidades en causas judiciales u operaciones comerciales bajo sospecha, a cambio de pagos por asistir a cursos o seminarios organizados, especialmente, por Ausbanc, según publica El Confidencial, que cita «fuentes cercanas» al procedimento.
Las pesquisas se están centrando, al parecer, en establecer una conexión entre esos pagos y su papel en asuntos que interesaban o afectaban a Ausbanc y Manos Limpias.
De confirmarse ese vínculo, dice El Confidencial, «podrían ser acusados de cohecho y prevaricación, dos delitos que hasta ahora no han imputados a ninguno de los miembros de la trama».
Las investigaciones, en esta nueva línea de investigación, se encuentran en una fase inicial; pero ya se están moviendo en esa dirección.
Para empezar, están comprobando las cuentas corrientes de tanto personas como empresas que integraban la red de extorsión para definir con claridad el dinero que se pudo haber transferido a jueces, fiscales y otros funcionarios.
Hasta estos momentos, la investigación, de la que es competente el magistrado Santiago Pedraz, titular del Juzgado Central de Instrucción 1 de la Audiencia Nacional, se había concentrado en el presidente de Ausbanc, Luis Pineda, en el secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, y once personas más, por estafa, pertenencia a organización criminal y administración desleal, entre otros delitos.
Pero el contenido de las conversaciones telefónicas intervenidas ha terminado situando también el foco en las personalidades del mundo de la justicia que percibieron recurrentemente dinero de la falsa asociación de usuarios de banca.
