Seis contra una. Esa es, en síntesis, la fractura que afloró ayer en el juicio contra David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno, tras la modificación de conclusiones definitivas que sacudió el juicio, que se haya ya en su recta final.
Hasta el inicio del juicio, las siete acusaciones populares personadas en la causa pedían para el hermano músico de Pedro Sánchez 3 años de prisión y entre 12 y 15 años de inhabilitación por presuntos delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias en relación con su controvertida contratación en la Diputación de Badajoz.
Una posición unitaria. Coordinada. Que duró hasta que llegó el informe de la UCO.
El informe que lo cambió todo
Tras la práctica de la prueba y el análisis del devastador informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, 6 de las 7 acusaciones decidieron que 3 años se quedaban cortos.
PP, Vox, Hazte Oír, Liberum, Iustitia Europa y Abogados Cristianos incorporaron a sus conclusiones un nuevo delito de prevaricación administrativa en concurso con tráfico de influencias.
El motivo: el cambio de denominación y configuración del puesto que ocupó David Sánchez —rebautizado posteriormente como Oficina de Artes Escénicas—, que consideran constitutivo de una infracción penal autónoma, añadida a las ya existentes.
Las consecuencias aritméticas fueron inmediatas. La petición de condena para David Sánchez se duplicó: de 3 a 6 de prisión. Para el expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, la pena solicitada pasó de 3 a 4 años de cárcel.
La excepción: Manos Limpias
La séptima acusación popular tomó un camino distinto. Manos Limpias, la organización que en su día impulsó la denuncia que dio origen a todo este procedimiento, no se sumó al endurecimiento colectivo.
Su letrado, José María Bueno, modificó sus conclusiones únicamente para adaptarlas a la prescripción del delito de aceptación de nombramiento ilegal y para depurar determinadas imputaciones relativas a Gallardo.
Nada más. La petición de condena para David Sánchez quedó en 2 años y 11 meses. Muy por debajo de los seis años reclamados por el resto.
El cuadro procesal resultante no puede ser más revelador:
• Manos Limpias: 2 años y 11 meses de prisión.
• PP, Vox, Hazte Oír, Liberum, Iustitia Europa y Abogados Cristianos: 6 años de prisión.
• Fiscalía: absolución.
El principio acusatorio, en el centro del debate
La admisión de las nuevas conclusiones no pasó sin turbulencias. La fiscal Begoña García Boró reaccionó de inmediato: lo que se estaba introduciendo, sostuvo, eran nuevos delitos que alteraban sustancialmente el planteamiento inicial del procedimiento, con vulneración del principio acusatorio.
Los abogados de los acusados fueron en la misma dirección: pidieron que no se admitieran las modificaciones o, subsidiariamente, que se suspendiera la vista durante diez días para poder preparar adecuadamente la defensa frente a los nuevos planteamientos.
El presidente del tribunal colegiado, José Antonio Patrocinio, optó por una solución intermedia. Tras un receso de 15 minutos, concluyó que no existía una modificación sustancial de los hechos enjuiciados.
Sí reconoció una variación en la calificación jurídica, pero decidió admitir las nuevas conclusiones y conceder a las defensas un plazo de tres días, aplazando la siguiente sesión hasta el próximo lunes.
Tiempo suficiente, a su juicio, para garantizar el derecho de defensa.
La decisión no cierra el debate. Lo traslada al lunes.
En el banquillo se sientan once acusados: David Sánchez Pérez-Castejón; el expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo Miranda; el exasesor de Moncloa, Luis María Carrero Pérez; y los cargos y funcionarios Ricardo Cabezas Martín, Manuel Candalija Valle, Francisco Martos Ortiz, Emilia Parejo Gala, Elisa Moriano Morales, Cristina Núñez Fernández, Juana Cinta Calderón Zazo y Félix González Márquez.
