El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco -instructor del caso Púnica– ha autorizado la comparecencia presencial del exconsejero Francisco Granados este viernes en la comisión de investigación de corrupción de la Asamblea de Madrid para hablar sobre la Fundación Arpegio.
Así lo han asegurado fuentes parlamentarias, que han indicado que el director de la prisión de Estremera -donde permanece encarcelado Francisco Granados a raíz del caso Púnica desde hace más de un año- tendrá que decidir si se garantiza su seguridad para comparecer en persona o si tendrá que hacerlo por videoconferencia.
Granados ya compareció por videoconferencia desde la prisión de Estremera en la comisión de investigación de corrupción del pasado 22 de abril, centrada en esa ocasión en el caso del presunto espionaje político a cargos del PP de Madrid en los años 2008 y 2009.
En esa comparecencia negó la existencia de un dispositivo de espionaje en Madrid, pero sí refirió un operativo de contravigilancia y escolta montado a petición de Ignacio González, entonces compañero suyo en el Ejecutivo de Esperanza Aguirre.
El pasado 20 de mayo el exconsejero volvió a comparecer por videoconferencia desde la prisión, esta vez para hablar de la Fundación Arpegio, investigada en la trama Púnica y que desapareció con la remodelación de los organismos públicos que la presidenta regional, Cristina Cifuentes, ordenó al llegar al Gobierno con el objetivo de reducir la administración.
Sin embargo, su declaración fue aplazada por decisión de la Mesa y Portavoces de la comisión de investigación, minutos después del inicio de la conexión con Granados.
El exconsejero lo había solicitado al inicio de su comparecencia al alegar que no había podido consultar ningún dato sobre la Fundación Arpegio, objeto de su intervención.
Por eso, en esta ocasión, los grupos parlamentarios pidieron de manera expresa que Granados acuda de forma presencial dado que así se «cumplen mejores garantías legales» y se evitan «problemas técnicos», como también ocurrió en la pasada ocasión.
La presidenta de la comisión, Dolores González, de Ciudadanos, explicó a los medios que, aunque todo se había hecho de forma legal, querían «volver a tener la confirmación del juez sobre todas las garantías que le asisten al compareciente». (CONFILEGAL/EP)
