La asociación progresista Jueces para la Democracia (JpD) arranca hoy, en el Museo de la Ciencia de Valladolid, su 31 Congreso Estatal bajo el lema «Nuevos tiempos, nuevas propuestas. Derechos, libertades y garantías», en el que tomarán parte 120 miembros de la organización procedentes de los cuatro puntos cardinales de España, hasta el próximo viernes.
El Congreso abordará un conjunto de 21 propuestas para la nueva legislatura que comenzará tras las elecciones del 26 de junio próximo. Todas ellas cubrirán las áreas penal, civil, laboral, contencioso-administrativo, carrera judicial, igualdad, y cuestiones generales.
Entre la veintena de medidas que apuntan está la de aprobar una ley que desarrolle el artículo 51.1 de la Constitución, en cumplimiento de las directrices de la Unión Europea, que regule los deberes y facultades de los jueces en el proceso civil, cuando es parte un consumidor, para eliminar las cláusulas abusivas.
Además, se insta al nuevo Gobierno a que obligue a los bancos a someterse a la mediación antes de acudir a la vía judicial, especialmente cuando los contratos con los consumidores particulares puedan comprometer la vivienda familiar o los ingresos mínimos de la unidad familiar.
Otra propuesta es establecer legalmente tipos máximos de interés moratorio en la contratación con consumidores, de conformidad con los criterios establecidos por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
PRESTAMISTAS ABUSIVOS
Si olvidar el control de los prestamistas abusivos. Para JpD, se deben adoptar medidas dirigidas a controlar a personas y entidades que, sin estar sujetas a la fiscalización del Banco de España o de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, se dedican a actividades de préstamo, imponiendo en muchos casos intereses usurarios y abusivos.
Entre otras, consideran indispensable defender el deber de información, evitar por ley la concesión abusiva de crédito, corresponsabilizando a quienes conceden crédito de manera irresponsable, eliminar de manera efectiva las cláusulas abusivas de los contratos, promover un fondo de viviendas y elaborar una ley que aborde las causas subyacentes en los impagos de los préstamos hipotecarios y que trate de evitar las ejecuciones hipotecarias, «pues la legislación de segunda oportunidad es manifiestamente limitada e insuficiente».
En su defecto, consideran necesario reformar la Ley de Enjuiciamiento Civil para que, en los procesos judiciales de ejecución hipotecaria de viviendas habituales, los jueces puedan evaluar, caso por caso, la proporcionalidad y razonabilidad del desalojo hipotecario, mejorando la defensa y protección de los derechos de las personas afectadas.
Los miembros de JpD debatirán además sobre la necesidad de que se apruebe una Ley de Inembargabilidad que garantice la protección al deudor en riesgo de exclusión social.
«Esa ley tiene que garantizar coordinación entre las administraciones públicas y tribunales que inciden el mismo patrimonio de un deudor para evitar la concurrencia de varios juzgados embargando la misma cuenta, pensión o salario, de modo que convierten los vigentes límites de la LEC en papel mojado», dice el texto.
NUEVA EJECUTIVA
El viernes los congresistas de JpD elegirán a los nueve componentes de la nueva ejecutiva que tomará el mando hasta 2018 y que supondrá la despedida obligada del actual portavoz, Joaquim Bosch, después de un mandato brillante.
