El dirigente sindical, Andrés Bodalo, tendrá que cumplir su sentencia al inadmitir el Constitucional su recurso
Andrés Bódalo en una instantánea tomada días antes de entrar en prisión. EP.

El dirigente sindical, Andrés Bodalo, tendrá que cumplir su sentencia al inadmitir el Constitucional su recurso

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08/6/2016 07:54
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Actualizado: 16/6/2016 09:42
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La Sección Segunda del Tribunal Constitucional (TC) ha rechazado el recurso de amparo interpuesto por la defensa del dirigente sindical del Sindicato de Obreros del Campo-Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), Andrés Bódalo, porque la supuesta vulneración del derecho a la tutela judicial no cuenta  con «una argumentación específica y suficiente». De ahí que haya acordado su inadmisión.

En el escrito del Tribunal Constitucional, se acuerda no admitirlo a trámite «toda vez que se ha incurrido en el defecto insubsanable de no haber satisfecho la carga consistente en justificar la especial trascendencia constitucional del recurso».

Bódalo, que fue condenado por la Audiencia Provincial de Jaén en octubre de 2015 por agredir al primer teniente de alcalde socialista del Ayuntamiento de Jódar, Jaén, Juan Ibarra, tres años antes, en 2012, durante una protesta de jornaleros, con la que se reclamaba peonadas para poder acceder al subsidio agrario..

Con este recurso de amparo ante el Constitucional lo que se pretendía, por parte de la defensa de Bódalo, era que la causa fuera devuelta al Supremo, en un intento de cambiar la sentencia condenatoria de la Audiencia de Jaén.

El Tribunal Supremo rechazó pronunciarse en segunda instancia contra la sentencia de la Audiencia de Jaén de octubre de 2015 en la que se le condenaba a tres años y medio de prisión por agredir al entonces primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Jódar (Jaén), el socialista Juan Ibarra, en el transcurso de una protesta de jornaleros en 2012

El Supremo no se pronunció por un error de la procuradora de Bódalo que no presentó en plazo el recurso de casación ante el Supremo sobre la sentencia en la que se le condenaba por lo que el Alto Tribunal acabó pidiendo a la Audiencia de Jaén en marzo de este año su ejecución y por tanto la entrada en prisión del que fuera dirigente provincial de SAT, algo que acabó haciendo el pasado 30 de marzo.

Para la abogada de Bódalo, Irene Lara, el pronunciamiento de Bódalo implica que «jurídicamente todas las puertas están cerradas en España» para poder lograr la revisión del caso.

«Ya no nos queda nada más, jurídicamente hablando», declaró Lara a Europa Press.

Lo único que queda, según la letrada, sería un recurso al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo y ésta es una posibilidad que, «por el momento, no se ha abordado» ya que la decisión del Constitucional se ha conocido este mismo martes.

Vistas así las cosas, Lara ha señalado que todos los esfuerzos están centrados en la revisión del grado penitenciario asignado a Andrés Bódalo.

De esta forma se pretende que pase del segundo al tercer grado penitenciario.

Asimismo, el otro objetivo en el que está trabajando la defensa es en el indulto, una vez que la Sección Segunda de la Audiencia de Jaén que le condenó ya emitió recientemente un informe favorable a un indulto parcial y que fue remitido al Ministerio de Justicia.

Lo hizo después de consultar tanto la acusación particular ejercida por el PSOE como el propio perjudicado no se opusieran al indulto.

No siguió el mismo camino, la Fiscalía de Jaén que en su informe al Ministerio de Justicia rechazó cualquier posibilidad de indulto. No era un caso excepcional ya que la Fiscalía por norma general y con este tipo de condenas donde concurre la reincidencia se opone al indulto.

De conseguir un indulto parcial, junto con el acceso al tercer grado penitenciario, permitiría a Bódalo comenzar a disfrutar de salidas en unos dos meses, según la defensa. Pero para ello, dice su abogada, es necesario que el Consejo de Gobierno que se reúne este viernes, aunque sea en funciones, aprobara el indulto parcial, algo que la propia defensa ve «poco probable». EP.

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