La infanta Cristina ha pagado los casi 600.000 euros que le reclamaba el fiscal
La infanta Cristina durante la sesión del juicio, hoy. EP.

La infanta Cristina ha pagado los casi 600.000 euros que le reclamaba el fiscal

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10/6/2016 14:32
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Actualizado: 16/6/2016 09:42
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El fiscal anticorrupción Pedro Horrach ha informado al tribunal que juzga el caso Nóos que la infanta Cristina consignó en diciembre de 2014 los 587.413 euros que le reclamaba el Ministerio Público al considerar que la exduquesa de Palma se habría lucrado de los fondos supuestamente defraudados por su marido, Iñaki Urdangarin, en el marco de la trama empresarial urdida en torno al Instituto Nóos.

Se trata de la responsabilidad civil que la Fiscalía reclamaba para la hermana del rey Felipe en base al artículo 122 del Código Penal, que establece que «el que por título lucrativo hubiere participado de los efectos de un delito o falta, está obligado a la restitución de la cosa o al resarcimiento del daño hasta la cuantía de su participación», aunque no haya sido considerado responsable criminal de los hechos investigados.

De hecho, Anticorrupción considera que no existen sobre ella indicios de haber cometido delito alguno, si bien sostiene que ésta habría obtenido un beneficio o aprovechamiento ilícito de los fondos supuestamente defraudados por Urdangarin en el seno del anterior entramado societario, y más en concreto a través de una de las mercantiles ‘pantalla’ que integraban el conglomerado empresarial: Aizoon.

La Fiscalía señala que a través de Aizoon, de la que el matrimonio es copropietario al 50 por ciento y que de forma presuntamente irregular se nutrió de más de un millón de euros de la trama Nóos, Urdangarin defraudó hasta un total de 327.000 euros en las cuotas del IRPF de 2007 y 2008.

La defensa de la Infanta efectuó el ingreso ‘ad cautelam’ -de forma cautelar- en la cuenta de consignaciones del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma.

Sin embargo, el hecho de que haya abonado el dinero no le exime de los dos delitos fiscales que pesan sobre ella y por los que el sindicato Manos Limpias reclama ocho años de cárcel para la acusada. La exduquesa se sienta en el banquillo de los acusados como cooperadora necesaria de ambos delitos.

APROVECHAMIENTO ILÍCITO POR PARTE DE LA DUQUESA

Para Manos Limpias, única acusación que reclama pena de cárcel para la inculpada, el papel de ésta fue imprescindible -de ahí que la considere cooperadora necesaria- para que su esposo pudiera defraudar a la Agencia Tributaria fracturando a través de Aizoon, como si de rendimientos de actividades económicas se tratasen, y no personales, las retribuciones que cobró de numerosas entidades privadas de las que era consejero asesor, y de este modo tributar menos en su declaración de la renta.

Para justificar su petición de ocho años de cárcel -cuatro por cada uno de los dos delitos fiscales-, el sindicato considera que la hermana del Rey incurrió en una agravante, y fue el haber interpuesto una sociedad para ocultar la verdadera identidad de los obligados tributarios.

De hecho, Manos Limpias, al igual que la Fiscalía, considera que Aizoon era una de las mercantiles ficticias que integraban el entramado societario presuntamente dirigido a desviar los fondos obtenidos por el Instituto Nóos -hasta 6,2 millones de euros- desde las Administraciones públicas.

La Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado, personada en el caso Nóos en representación de la Agencia Tributaria, ha rebajado en 10.213 euros la cantidad que, según sostienen, Iñaki Urdangarin defraudó a Hacienda a través de Aizoon, de la que es copropietario junto a la Infanta Cristina. De este modo, ambas acusaciones han rebajado de 337.138 a 326.925 euros los fondos que el exduque presuntamente dejó de abonar al fisco.

REDUCEN EN 10.200 EUROS LA CANTIDAD RECLAMADA A URDANGARÍN

Tanto el Ministerio Público como los servicios jurídicos del Estado han dado a conocer estas conclusiones, durante la jornada de este viernes del juicio por esta causa, tras recalcular las cifras que durante estos días han expuesto varios peritos de la AEAT.

Las acusaciones consideran así que Urdangarin defraudó 174.575 en la cuota del IRPF de 2007 y 152.350 en la de 2008, 10.200 euros menos que en un principio.

Ambas acusaciones acusan al exduque de la comisión de dos delitos fiscales -por cada uno de los cuales reclaman tres años de cárcel- al apuntar que el encausado percibió retribuciones procedentes de entidades privadas por su condición de consejero asesor que, sin embargo, eran facturadas a través de Aizoon con el fin de tributar menos en su declaración de la renta.

En concreto, las empresas de las que cobró el acusado, cuyas retribuciones facturó a través de Aizoon y que según la AEAT deben ser consideradas rentas del propio Urdangarin e integrarse en su IRPF, son Motorpress Ibérica, Aceros Bergara, Mixta África, Pernod Ricard (Francia), Havas Sports France y Seeliger y Conde.

Las acusaciones también han rebajado la cantidad que el exsocio de Urdangarin, Diego Torres, habría defraudado por su parte, también en 2007, y que asciende a 380.700 euros. Sobre el exresponsable del Instituto Nóos pesa un delito fiscal por el que reclaman para él tres años de cárcel.

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