La magistrada Pilar Llop, diputada autonómica del PSOE de Madrid, es una de las grandes expertas en este campo; su destino, hasta su entrada en la política, era uno de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer de la capital. Confilegal.
Pilar Llop, diputada autonómica por el PSOE: «Desde la Asamblea, le hemos dado un fuerte correctivo a Cifuentes en Justicia»
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12/7/2016 07:57
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Actualizado: 12/7/2016 00:32
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«Desde la Asamblea de Madrid, PSOE, Podemos y Ciudadanos le hemos dado un fuerte correctivo al gobierno de Cristina Cifuentes en materia de Justicia. En tres meses tiene que elaborar un Plan Trienal 2017-2019 y un calendario 2017-201o para la implantación del nuevo modelo de oficina judicial, dotándolo de las partidas presupuestarias necesarias. Eso es lo que se ha aprobado. Así de claro. Ha sido un revolcón en toda la regla», afirma la diputada autonómica por el PSOE, Pilar Llop. «Y lo hemos decidido por mayoría absoluta en la Asamblea de Madrid».
El Gobierno de Cifuentes se basa en los 48 diputados autonómicos del Partido Popular, que gobierna en minoría, frente a los 37 del PSOE, los 27 de Podemos y los 17 de Ciudadanos, que juntos suman 81; 33 más que el PP.
La proposición no de ley (pnl), impulsada por el PSOE de Madrid, fue aprobada en el Pleno del pasado 7 de julio sólo con el voto en contra del Partido Popular.
Aunque no tiene rango de ley, supone un llamamiento en toda regla para que, de una vez por todas el gobierno regional madrileño desarrolle la implantación de la nueva oficina judicial.
«No estamos pidiendo nada del otro mundo. Fue aprobado por la Ley Orgánica 19/2003, que modificaba la Ley Orgánica del Poder Judicial. ¡Han pasado 13 años y no se ha hecho nada! Nosotros, los representantes del pueblo, queremos que, de una vez por todas comencemos a movernos hacia la modernidad. La organización judicial de la Comunidad de Madrid es del siglo XIX, y no estoy exagerando», dice la diputada socialista.
La pnl conmina al gobierno regional a que se coordine con el Consejo General del Poder Judicial y con el Ministerio de Justicia para que el plan aprobado se pueda aplicar de forma efectiva y en los plazos aprobados en el calendario y que se informe a todos los órganos judiciales de la Comunidad de Madrid, a través del Tribunal Superior de Justicia y del fiscal jefe de la CAM, así como a los sindicatos de justicia, a los colegios de abogados y procuradores del estado de las negociaciones y del avance del plan y del calendario.
«Y que se fijen las partidas presupuestarias para comenzar a implantar progresivamente la nueva oficina judicial», remacha Llop.
CSIF APLAUDE LA INICIATIVA
Por otra parte, el sindicato CSIF Justicia Madrid ha aplaudido la pnl impulsada por PSOE, Podemos y Ciudadanos y ha señalado lo evidente, en un comunicado: «el Gobierno de la Comunidad de Madrid no tiene como objetivo prioritario e inmediato la mejora de la Administración de Justicia en la región».
«Entendemos que iniciativas como ésta son necesarias para alcanzar un servicio público moderno y acorde a las demandas de los madrileños», ha añadido el sindicato.
Además, el CSIF Justicia Madrid ha calificado de «inaceptable» que continuen con una justicia más propia del siglo XIX, cuando la Comunidad de Madrid asume un 30 por ciento de la carga de trabajo total de todo el territorio nacional.
«Creemos que la justicia de nuestra región debería ser un referente para el resto de Comunidades Autónomas, y, sin embargo, estamos a la cola en lo que se refiere a reformas para la modernización de este servicio público», añaden.
El presidente de CSIF Justicia Madrid, Juan José Carral, que ha sido recientemente reelegido para ese cargo.
Juan José Carral, recientemente reelegido presidente de CSIF Justicia Madrid, ha reiterado la apuesta de su sindicato: un gran pacto por la Justicia en la Comunidad de Madrid que incluya a grupos políticos, asociaciones de jueces, de fiscales, de letrados, operadores jurídicos y sindicatos. Un pacto que asegure la dotación de medios personales, materiales y organizativos adecuados para la una Administración de Justicia avanzada.
«Un pacto que, entre otras cuestiones, sirva para aprovechar el potencial de los empleados públicos de la Administración de Justicia, como personal especializado en materia procesal y que prestigie su trabajo», afirma Carral.
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