Un artículo publicado por Baltasar Garzón en El País el pasado lunes, 25 de julio, titulado «Turquía: urge investigar» fue lo que provocó el rechazo de los vocales Álvaro Cuesta, progresista, elegido, como jurista de reconocido prestigio, a propuesta del PSOE, partido del que fue diputado, y de Gerardo Martínez Tristán, magistrado, quien fue seleccionado y apoyado por el PP.
Ambos se negaron a votar el comunicado que sus 18 compañeros restantes y el presidente de la institución, Carlos Lesmes, suscribieron en bloque en el Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que tuvo lugar al día siguiente, el martes 26 de julio.
Según ha podido saber Confilegal, fue la intervención de su compañera Nuria Díaz Abad, presidenta de la Red Europea de Consejos de Europa (ENCJ, por sus siglas en inglés), organismo del que forman parte 20 consejos del poder judicial del Viejo Continente, citando dicho artículo, lo que provocó el rechazo de ambos vocales a secundar el mencionado comunicado de apoyo a los jueces y fiscales que habían sido cesados o detenidos tras el fallido golpe del 16 de julio pasado en Turquía.
Díaz Abad leyó este párrafo del artículo de Garzón, en el que recordaba que el CGPJ se había mantenido silente. Un texto muy duro.
«Frente a esta acción motivada por la preocupación de los sectores más progresistas y solidarios de la magistratura y la Fiscalía en Europa, a la que ha sumado su voz la española Jueces para la Democracia, hay que preguntarse por el silencio que alcanza ya la categoría de ruido de instancias como nuestro sacrosanto Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Un órgano presto a sacudir a aquellos jueces que sacan los pies del tiesto oficial y a cambiar nombramientos como cromos para mayor comodidad del partido en el Gobierno, pero remiso, como se puede ver, a tomar una postura solidaria ante los colegas, compañeros turcos, que están indefensos ante un poder irracional sin que el Derecho que detentan les ampare. En sectores judiciales de nuestro país se hacen cruces de la postura de inhibición y de falta de empatía o de la mínima solidaridad del Consejo» decía el artículo de Garzón.
Lo que pretendía Díaz Abad era, evidentemente, remover las conciencias de sus compañeros vocales para empujarles a pronunciarse, en la línea que ya había hecho la ENCJ y el resto de las asociaciones internacionales de jueces.
Sorpresivamente, sus palabras hicieron saltar, primero, a Álvaro Cuesta, quien presidió la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados en la penúltima legislatura.
«A mí ese señor no me tiene que indicar lo que lo que tengo que hacer», dijo Cuesta al resto de los vocales, visiblemente irritado.
«El Consejo no tiene competencias para tomar ese tipo de decisiones», añadió Martínez Tristán.
«Pues a mí ese señor», intervino Fernando Grande Marlaska, presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, «ni me va a decir lo que tengo que hacer ni lo que no tengo que hacer». Lo que provocó un revuelo que finalmente fue canalizado hacia un corto comunicado en el que apelaban «a las autoridades turcas para que respeten la independencia e inamovilidad de los jueces», en línea con el de la ENCJ.
Cuesta después explicó que era muy delicado meterse en un asunto como ese, en el que tienen que ver las relaciones internacionales. Y Martínez Tristán volvió a repetir que el CGPJ no tenía competencias para emitir un comunicado de ese tipo.
Los dos se quedaron fuera de la corriente principal del CGPJ, 19 personas en total, en un asunto tan sensible como este.
Por lo que se ve, el exjuez todavía sigue provocando reacciones adversas en algunas personas.
