«Es un hecho: el asesinato de Sonia Carabantes se pudo -y se debió- evitar». Así de rotundo se expresa José María Garzón, abogado de José Carabantes y Encarnación Guzmán, padres de la joven de 17 años que, en agosto de 2003, fue asesinada brutalmente por el británico Tony Alexander King.
«Scotland Yard había enviado, a través de Interpol, a la Policía Nacional información sobre King, quien vivía en Mijas Málaga, porque era un delincuente sexual con abundantes antecedentes en Reino Unido, muy peligroso para las mujeres», explica Garzón.
Dicha información jamás fue incorporada a las bases de datos policiales españolas.
La Guardia Civil reconoció después que el británico no había sido investigado por no constar en sus bases de datos.
Tony Alexander King no sólo asesinó por estrangulamiento a Sonia Carabantes en Coín, Málaga. También quitó la vida a su joven vecina de Mijas, Rocío Wanninkhof, de 19 años, cuatro años antes. En 1999.
«La coordinación entre Policía Nacional y Guardia Civil, en relación con la nota enviada por Scotland Yard, fue inexistente. Y eso está probado», añade el abogado.
«Si esa información hubiera sido procesada adecuadamente se podría haber cotejado la huella de ADN de King, que poseía Scotland Yard, con los restos genéticos encontrados en el lugar en el que apareció Rocío Wanninkhof y se podría haber evitado el asesinato de Sonia Carabantes. Fue una muerte innecesaria», remacha Garzón.
La muerte de Sonia Carabantes fue innecesaria
Tony Alexander King no se llamaba así en su Londres natal sino Anthony Bromwich. Era un tipo grande, con aspecto aniñado y barbita cuando comenzó su carrera delictiva de joven.
Todo en su vida era, en apariencia, normal. Trabajaba como aprendiz en una imprenta y tenía una novia encantadora en el barrio obrero de Holloway, al norte de Londres. Pero era sólo apariencia.
Porque lo que realmente le excitaba, le hacía sentirse vivo era la caza. La caza de mujeres.
Siempre utilizaba la misma técnica. Se abalanzaba sobre las mujeres por detrás, con un cable eléctrico, que apretaba alrededor del cuello hasta lograr semiasfixiarlas. Después, vencidas, semiconscientes y aterrorizadas, eran violadas por el que después sería bautizado por la prensa como el «estrangulador de Holloway».
En 1986, con apenas 19 años años, fue condenado a 10 años de cárcel por una serie de agresiones sexuales.
Cinco años después recuperó la libertad, pero volvió a ser condenado por robar a una mujer a punta de pistola. Un lustro después regresó a la calle, cambió su nombre por el de Tony Alexander King y se trasladó con su esposa, Cecilia, al sur de España.
En 1999, el mismo año en que asesinó a Rocío Wanninkhof, se separó de su esposa.
King fue finalmente detenido, pero no gracias a la eficacia de la Policía o la Guardia Civil sino porque su exesposa lo denunció al sospechar que podría estar tras el asesinato de la joven Sonia.
El británico confesó ambos crímenes, a los que añadió, al menos, tres violaciones más en la provincia de Málaga.
Los restos genéticos encontrados en ambas escenas del crimen fueron cotejados con los suyos; dieron positivo.
King fue condenado en 2005 a 36 años de cárcel por la muerte de Sonia Carabantes y a 19 años de cárcel por el crimen de Rocío Wanninkhov.
DEMANDA POR EL ANORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN
«Scotland Yard no puede comprender cómo tanto Policía Nacional como Guardia Civil no fueron capaces de investigar a King. El propio ministro de Justicia del momento Ángel Acebes, reconoció esa descoordinación en el Parlamento, que le costo la vida a Sonia Carabantes«, aclara el abogado de la familia Carabantes.
Esa negligencia de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado devino en una demanda por el «anormal funcionamiento de la Administración» en vía contencioso-administrativa, por parte de los padres de Sonia Carabantes.
«Es lo que establece la ley: Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la sesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos», recita de carrerilla el abogado.
«En este caso queda demostrado y probado en sentencia que no existe fuerza mayor y que lo ocurrido a Sonia Carabantes ha sido consecuencia del funcionamiento anormal de los servicios públicos, tal y como exige dicho artículo», añade Garzón.
El Tribunal Supremo está a punto de emitir su sentencia.
La familia Carabantes solicita una indemnización de 600.000 euros por la muerte de su hija.
¿Es mucho? ¿Es poco?
«Es muy triste que casos como este desemboquen en lo crematístico, pero no hay otra. Tanto José como Encarnación ahora mismo renunciarían a la demanda si le devolvieran a Sonia viva, pero eso no puede ser. Por lo tanto, creo que es justo lo que pedimos. Cualquier magistrado que sea padre lo entenderá», afirma el abogado.
UN CASO QUE HIZO HISTORIA
El asesinato de Sonia Carabantes marcó un antes y un después en el campo de la investigación criminal en España. Porque a raíz de este caso, se aprobó la Ley Orgánica 10/2007, de 8 de octubre, reguladora de la base de datos policial sobre identificadores obtenidos a partir del ADN y se unificaron las bases de datos de Policía Nacional y de la Guardia Civil en una sola, bajo el software CODIS, el mismo que utilizan las policías europeas y estadounidenses y la Interpol.
Una de las características fundamentales de este banco de datos de ADN español es su interoperabilidad, la capacidad de conexión directa con los sistemas de los otros países a través de protocolos de Internet y de las normas de intercambio establecidas.
Desde España se puede hacer una búsqueda de datos en los países firmantes originales del Tratado de Prüm, Alemania -y los que después de adhirieron a él- entre los que se encuentran, además de España, Alemania, Francia, Luxemburgo, Bélgica, Holanda, Austria, Bulgaria, Italia, Portugal, Rumanía, Eslovenia, Eslovaquia, Finlandia y Lituania.
El nombre original y oficial del Tratado es el de «Convención entre el Reino de Bélgica, la República Federal de Alemania, el Reino de España, el Gran Ducado de Luxemburgo, el Reino de Holanda y la República de Austria para la profundización de la cooperación transfronteriza, en particular en la lucha contra el terrorismo, la delincuencia transfronteriza y la migración ilegal».
«Esta es la consecuencia directa del crimen de Sonia Carabantes. Jamás ningún otro Tony Alexander King podrá irse de rositas otra vez porque se han puesto las medidas para que eso no vuelva a repetirse», concluye el letrado.
