El sistema de justicia español tiene un reto urgente:la ejecución de sentencias. En 2022, un estudio elaborado por SigmaDos alertaba que 1 de cada 4 sentencias con transcendencia económica se ejecutaba en España, lo que impedía recuperar hasta 10.500 millones.
Antes de que el cuello de botella se haga más estrecho, los procuradores están dispuestos de dar un paso hacia adelante: asumir la ejecución de las resoluciones judiciales como hacen sus homólogos en el resto de países tanto de Europea como de otros continentes.
En este contexto, el Consejo General de Procuradores de España (CGPE) celebró ayer la jornada «Una mirada fuera de España», en la que reunió a los comités ejecutivos de la ‘Union Internationale des Huissiers de Justice‘ (UIHJ) y de la ‘Union Européenne des Huissiers de Justice’ (UEHJ), con el objetivo de acercar en nuestro país una posible solución que cuenta con éxito fuera de nuestras fronteras.
Representantes de distintos países ofrecieron una mirada interna sobre la ejecución judicial en sus países y pusieron sobre la mesa la necesidad de reforzar el papel de los procuradores españoles en un contexto de congestión de juzgados y la urgencia de modernizar la ejecución.
Una mirada crítica al modelo actual español
La jornada estuvo presidida por Ricardo Garrido, presidente del Consejo General de Procuradores de España y Marc Smithz, presidente de la UIHJ, bajo la moderación de Luis Ortega, consejero del presidente de la UIHJ y vicepresidente de la Unión durante nueve años.
Los tres coincidieron en que las funciones de los procuradores en España debe equipararse a las de los ‘hussiers’ de justicia o agentes de ejecución en otros países (que serían el equivalente a esta figura en nuestro país): «la de un profesional del derecho multidisciplinar, dotado de competencias diversas pero complementarias, todas orientadas a un mismo objetivo: hacer efectiva la ley en la vida cotidiana de ciudadanos y empresa», indicó Smith.
«Este profesional es el poder judicial, conocido con diferentes nombres según el país, y no interfiere en la notificación formal de los casos. Posee un amplio conjunto de competencias que lo convierten en una pieza clave del sistema judicial. No solo notifica documentos legales, sino que también garantiza la ejecución de las decisiones judiciales. Lleva a cabo importantes investigaciones en los tribunales e incluso interviene, en ocasiones, en la recuperación amistosa de deudas, contribuyendo a menudo a prevenir conflictos o a mitigar su intensidad mediante su resolución», añadió el presidente de la UIHJ.
Desde España están listos para dar ese paso, y asumir las mismas tareas que sus homólogos.
«En España la procura está llamada a asumir mayores competencias en línea con las que ya desempeñan nuestros homólogos europeos, especialmente en materia de ejecución. Este es actualmente nuestro caballo de batalla. La experiencia comparada demuestra que cuando la práctica profesión o el profesional especializado intervienen de forma más activa y directa en esta fase crucial del proceso, el sistema gana en eficacia y en tiempos de respuesta», concedió Garrido.
Un paso adelante para la procura española
En los distintos países analizados, la ejecución de sentencias se configura como una función central atribuida a profesionales jurídicos especializados, con un claro estatuto de autoridad pública y bajo supervisión judicial, pero sin dependencia operativa constante del juez.
Modelos como el francés o el portugués evidencian que la atribución directa de la ejecución a estos profesionales —comisarios de justicia o agentes de ejecución— no solo agiliza los procedimientos, sino que permite descargar estructuralmente a los tribunales, manteniendo al mismo tiempo garantías de control, formación rigurosa y responsabilidad disciplinaria.
Por su parte, experiencias como las de Bélgica o Países Bajos ponen el acento en la trazabilidad, la seguridad jurídica y la intervención temprana en la fase preejecutiva.
La actuación directa del agente en la notificación, la prueba de entrega y el cobro amistoso de deudas reduce litigiosidad y refuerza la confianza en el sistema, al tiempo que introduce mecanismos de eficiencia económica y procesal. La combinación de funciones —desde la investigación patrimonial hasta la ejecución material— permite abordar el conflicto de forma integral, evitando dilaciones innecesarias.
A la luz de estas experiencias comparadas, España podría avanzar hacia un modelo en el que los procuradores asuman un rol más activo y autónomo en la ejecución, integrando competencias que hoy se encuentran fragmentadas.
Dotarlos de capacidad para ejecutar resoluciones, practicar actos con valor probatorio y promover soluciones extrajudiciales permitiría no solo descongestionar los juzgados, sino también mejorar la eficacia real del derecho.
Lejos de suponer una ruptura con el sistema actual, esta evolución se perfila como una modernización natural de la procura, alineada con los estándares europeos y orientada a ofrecer una justicia más ágil, cercana y efectiva
