Baltasar Garzón, abogado y presidente de FIBGAR, Benjamin Ferencz, fiscal de Nuremberg y actualmente presidente de Planethood Foundation, y Demba Kandji, juez de la Corte Suprema de Senegal, responsable de la orden de arresto contra Hissène Habré, han tomado parte hoy en el debate Jurisdicción Universal: de Nuremberg a nuestros días, celebrado en la sede de Naciones Unidas.
El objetivo del debate era delimitar el papel de la llamada Jurisdicción Universal en la lucha contra la impunidad de los crímenes contra la humanidad.
El panel, organizado por la Fundación Internacional Baltasar Garzón y la misión permanente de Costa Rica en la ONU se inició con la intervención de Juan Carlos Mendoza, embajador y representante permanente de Costa Rica en Naciones Unidas, y Owen Pell, presidente del comité de dirección de AIPR (el Instituto de Auschwitz para la Paz la Reconciliación) y socio del despacho White & Case LLP.
La moderadora ha sido Gina Guillén Grillo, presidenta del Sexto Grupo de Trabajo sobre Jurisdicción Universal y consejera legal de la Misión Permanente de Costa Rica en Naciones Unidas.
El juicio contra Hissène Habré, sentenciado en Senegal el 30 de mayo pasado, ha demostrado que la Jurisdicción Universal es un instrumento valioso para las víctimas de todo el mundo a la hora de luchar contra la impunidad.
El compromiso creciente para detener y perseguir crímenes internacionales en África y Sudamérica consolida el llamamiento global para unificar criterios de jurisdicción que permitan a los tribunales locales de los países ver casos presentados por víctimas que han sufrido esos crímenes fueran de sus frontera.
Según informa en un comunicado la Fundación de Garzón, estos delitos se están combatiendo «a través de la certeza y la dureza del castigo, enfatizando la prevención y ayudando a extender globalmente la idea de que los crímenes atroces sobrepasan ampliamente la esfera de lo moral o políticamente aceptable».
El debate también se ha referido al futuro de la Jurisdicción Universal y cómo la implementación extraterritorial de la ley penal se puede convertir en instrumento de mejora de ayuda legal mutua entre jueces y fiscales con el fin de perseguir crímenes internacionales y delitos transfronterizos como el terrorismo.
España fue pionera en la aplicación de la Ley de Jurisdicción Universal, con casos como el del dictador chileno Augusto Pinochet que instruyó Garzón desde el Juzgado de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional, cuando era su titular, el procedimiento retrocedió en España desde la reforma legal de 2014 que el Gobierno de Mariano Rajoy emprendió ante la protesta del Gobierno chino por la petición de extradición de algunos de sus principales dirigentes en el caso Tíbet.
Los casos cuya investigación no se ha podido realizar en España al haber sido cerrados por la reforma de la Ley de Jurisdicción Universal son en un somero repaso el del genocidio de Tíbet; el de
, cámara de Telecinco asesinado en la guerra de Irak por tres soldados norteamericanos acusados por crimen de guerra y el caso Guantánamo, que abrió en España el juez Baltasar Garzón, suspendido a pesar de tratarse de presuntas torturas contra ciudadanos españoles internados en el campo de detención norteamericano en Cuba.
