La Fiscalía ha pedido diez años de inhabilitación para ejercer cargos públicos electos y funciones de gobierno para el expresidente de la Generalitat Artur Mas por los supuestos delitos de desobediencia grave en calidad de autor y de prevaricación con la organización de la consulta ciudadana sobre la independencia del 9 de noviembre de 2014.
En el escrito de acusación, recogido por Europa Press, los fiscales Emilio Sánchez Ulled y Francisco Bañeres especifican que, en el caso de que el tribunal optase por la imponer por separado ambos delitos, las penas totales serían de nueve años y seis meses para Mas y de ocho años y siete meses para Ortega y Rigau.
La Fiscalía concluye que Mas, «intencionadamente y sin otro amparo que su mera voluntad» desatendió el mandato del TC e incumplió la obligación, que como convocante tenía, de dejar sin efecto la consulta del 9N, según el escrito de acusación.
Ortega, como vicepresidenta del Govern, siguió ejerciendo el control público y la coordinación de toda la preparación de las votaciones inmediatamente por debajo de Mas y fue la «impulsora directa de las principales actuaciones administrativas» para el 9N.
En el caso de Rigau, puso a disposición de la consulta los medios del departamento y se sirvió de los jefes de los servicios territoriales de su departamento para garantizar que los directores de los centros de enseñanza secundaria prestaran el apoyo necesario.
En este sentido, la Fiscalía sigue con su argumento de que Mas, Rigau y Ortega «pretendieron aparentar que el proceso quedaba exclusivamente en manos de ciudadanos voluntarios, cuando en realidad no fue así». Es más, consideran «evidente, patente, flagrante y clamorosa» la conducta de los acusados ya que «convirtieron irrazonablemente su voluntad en aparente fuente de normatividad».
En su escrito, la Fiscalía sostiene que Mas no solo no suspendió «oficialmente» la convocatoria del 9N tras la decisión del TC, sino que decidió, junto a las exconselleras, «generar la apariencia de que las actuaciones administrativas públicas se paralizaban y el proceso quedaba exclusivamente en manos de ciudadanos voluntarios, cuando en realidad no era así».
Según el ministerio público, «lejos de ser interrumpida», la utilización de instrumentos y procedimientos públicos para el 9N «continuó, si bien se mantuvo convenientemente en segundo plano, de forma que, de cara al exterior, la apariencia fuera efectivamente la de un proceso exclusivamente gestionado por ciudadanos voluntarios».
A todo ello contribuyó, según la Fiscalía, el hecho de que los principales trabajos organizativos y logísticos del 9N «fueran principalmente encomendados a contratistas privados, y ello en un clima de opacidad escasamente compatible con el ejercicio responsable de las potestades públicas».
Sin embargo, los fiscales han decidido no acusar a los procesados de malversación de fondos públicos por lo que no reclaman penas de prisión.
