La denunciante de la Gürtel, Ana Garrido Ramos, ha asegurado este martes que su situación tras destapar la trama cuya primera parte se juzga en la Audiencia Nacional, es «dramática», y ha pedido que se proteja al denunciante de corrupción en las instituciones públicas para evitar que le ocurra lo mismo que a ella.
En rueda de prensa ofrecida en el Congreso de los Diputados, Garrido ha hecho esta propuesta en nombre de la Plataforma X la Honestidad que reclama a los partidos políticos con representación parlamentaria la puesta en marcha de una ley de protección al denunciante de corrupción con el fin de que estas personas no queden en situación de indefensión.
El objetivo de la plataforma es que los partidos políticos –que han participado en la rueda de prensa a excepción del PP y Coalición Canaria– se comprometan a desarrollar durante el primer año de la próxima legislatura este proyecto, con carácter retroactivo, y cuyo contenido recogen algunas de las formaciones en sus programas electorales. «Os pedimos que sea una ley efectiva y se atienda las demandas de estas personas», ha recalcado por su parte el presidente de la plataforma, Pedro Arancón.
Garrido ha asegurado durante su turno de palabra que recibe continuamente llamadas de personas que quieren denunciar casos de corrupción pero que no se atreven porque temen las represalias debido a que la actual legislación obliga al empleado público a denunciar irregularidades pero luego no le ampara en sus derechos.
«A mí me han castigado para dar una lección antipedagógica de lo que no debe hacer un ciudadano», ha subrayado Garrido en referencia a su situación personal, que deriva de la denuncia que efectuó cuando trabajaba en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte y que le llevó a perder su trabajo, sufrir acoso y enfrentarse a múltiples causas judiciales.
Entre los promotores de la propuesta destaca Luis Gonzalo, miembro de la plataforma y denunciante también de un caso de corrupción en el Ejército, quien asegura que las represalias por contar lo que vio le llevaron a perder su libertad durante más de un centenar de días y además fue vejado y sufrió «todo tipo de abusos».
«Vas a perder tu vida, te van a difamar, calumniar, vas a acabar en un centro disciplinario», ha asegurado este ex teniente del Ejército de Tierra en referencia a las personas que se encuentran en su misma postura y que dudan si denunciar ante las autoridades irregularidades que ven en el ejercicio de su trabajo. Al respecto ha dicho que tiene 1.014 mensajes de personas que quieren denunciar y no se atreven.
«UNA LEY DE JUSTICIA»
Gonzalo ha precisado ante los parlamentarios que han participado en la presentación que no es un proyecto de ley que tenga ningún tipo de ideología sino que es una «ley de justicia» y que, por tanto, lejos de terminar siendo politizada, tiene que ser un juez el que otorgue la categoría de persona protegida y el que la retire con el fin de que los futuros denunciantes no tengan que vivir experiencias de desamparo y marginación.
El portavoz de Jueces para la Democracia, Ignacio González, ha subrayado por su lado, que es necesario una mayor formación y especialización de los magistrados porque las tramas delictivas son «más complejas» que el resto y se precisa de mayor inversión para garantizar que se pueda llegar «hasta el final» en el combate contra la corrupción.
Algunos de los diputados que han participado en el acto, como el parlamentario de Ciudadanos Toni Cantó, ha hecho alusión al estudio de esta iniciativa en la comisión sobre la calidad democrática –constituida el pasado mes en la cámara baja– y ha precisado que la formación que preside Albert Rivera hará especial hincapié en puntos concretos como que se garantice la confidencialidad del denunciante, que cuente con asesoría legal y que se respete su posición legal, entre otros aspectos.
El acto ha contado además con la presencia de los diputados de Esquerra Republicana (ERC) Ester Capella; de Compromís, Enric Bataller; los diputados de En Comú-Podem-En Marea, Jaume Moya y Juan Pedro Yllanes; el parlamentario socialista, Artemi Rallo; la diputada de la antigua CDC, actual Partit Democràtic per Catalunya, Lourdes Ciuró; el portavoz de UPyD, Gorka Maneiro; y el parlamentario de Esquerra Unida del País Valencià (EUPV), Ricardo Sixto.
Artemi Rallo ha propuesto que la protección tenga también una dimensión en el ámbito privado y sirva para provocar una «sensibilización social» sobre la cuestión, mientras que otros parlamentarios como Bataller, de Compromís ha reivindicado la necesidad de que los representantes políticos garanticen la tutela completa de quienes se encuentran en situación similar a Garrido o Gonzalo.
Todos ellos se han comprometido a estudiar la iniciativa que se aplicaría a los empleados públicos y denunciantes de corrupción dentro de la Administración Pública, así como a testigos de la Fiscalía Anticorrupción y UCO con el objetivo de que estas personas mantengan su puesto de trabajo, puedan recibir asistencia jurídica, psicológica y médica y en definitiva mantengan el mismo nivel de vida que tenía antes de poner en conocimientos irregularidades. (EP)
