La Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados volvió a aprobar ayer, por unanimidad, la proposición no de ley (PNL) para la supresión de las tasas judiciales para pequeñas y medianas empresas, después de que la anterior decayera por disolución anticipada de Las Cortes.
En esta ocasión, la nueva PNL incorporó, a propuesta del Grupo Socialista, a las entidades sin fines lucrativos, amparadas por la Ley 49/2002, a las sociedades mercantiles cuya cifra de negocio sea inferior al millón de euros y a las organizaciones no gubernamentales cuyo objetivo fundamental atienda a la defensa y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales, las necesidades de bienestar económico y social o a la sostenibilidad, protección y regeneración del medio ambiente.
El portavoz socialista de Justicia, Juan Carlos Campo, recordó, durante su intervención, que “el Tribunal Constitucional ya dio la razón a los que nos opusimos a esa manera de legislar del gobierno del PP, que en apenas un año, tras ganar por mayoría absoluta, dictó importantes medidas que convulsionaron la justicia”.
Así, incidió en que “todo ello se hizo con desprecio al mínimo consenso”. Por el contrario, destacó que “si algún acuerdo existió, fue el del rechazo a esas políticas e iniciativas del gobierno que tuvo, eso sí, la virtud de transformar el problema en solución”.
Por todas estas razones, el portavoz socialista ha puesto de manifiesto que “la Ley de Tasas es el paradigma de una legislación contra el ciudadano”.
“Pensamos que la defensa de intereses colectivos y de intereses difusos debe tener necesariamente ese amparo”, resaltó el diputado socialista. También aseguró que en la iniciativa se amplía la excepción para las comunidades de propietarios, y se exime del pago a las entidades exoneradas total o parcialmente del impuesto sobre sociedades”.
Campo recordó que la Ley de Tasas “retrajo e impidió a muchos ciudadanos acudir a los tribunales. La economía se instaló en la justicia, pero no a través de mecanismos inversores, como sería deseable y necesario, sino para convertirla en una máquina de recaudación.
El objetivo era doble: recaudar y, de paso, hacer desaparecer el problema por medio de la disminución de la litigiosidad. El ciudadano, al que se alejaba de los tribunales, pagó la cuenta”.
Campo recordó que la Ley de Tasas “retrajo e impidió a muchos ciudadanos acudir a los tribunales. La economía se instaló en la justicia, pero no a través de mecanismos inversores, como sería deseable y necesario, sino para convertirla en una máquina de recaudación. El objetivo era doble: recaudar y, de paso, hacer desaparecer el problema por medio de la disminución de la litigiosidad. El ciudadano, al que se alejaba de los tribunales, pagó la cuenta”.
En este punto, el responsable socialista incidió en que puede parecer que si bien, “el clamor e indignación social llevaron al ministro Catalá a reparar parcialmente el sinsentido y el despropósito, los socialista creemos, dada la inacción del gobierno tras la sentencia del Tribunal Constitucional, que aquello no fue tanto por sensibilidad con los derechos de millones de españoles que habían visto conculcado su derecho a la tutela judicial efectiva, sino por las presiones de los intereses legítimos que en aquel momento se enarbolaban. Ahora toca acabar con aquellos restos”.
“Hoy sencillamente estamos dando un paso más en esa tarea ingente que nos ha mandatado el pueblo español, que es la reconstrucción de un sistema de garantía de derechos y libertades que durante más de tres décadas nos había enorgullecido, y que el Partido Popular decidió abolir aplicando el programa máximo de su ideología conservadora también en el mundo de la justicia”, concluyó.
