“La educación en la igualdad y el respeto es esencial para vencer a la violencia de género», afirma Ángeles Carmona, presidenta del Observatorio contra la violencia domestica y de genero y vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). «La educación y el papel, vital, que juegan los medios de comunicación. Ellos son el sistema nervioso de nuestra sociedad, donde se crean los estados de opinión; lo que piensan los ciudadanos, en suma. Tenemos que reforzar nuestros esfuerzos en esos dos frentes».
Carmona hizo estas declaraciones a Confilegal al término del VII Congreso del Observatorio contra la violencia doméstica y de género, que se ha celebrado entre el jueves y el viernes en el Salón de Plenos antiguo del Senado, en la Plaza de la Marina Española, en Madrid, en la que se han dado cita 450 personas.
«Han venido jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia, policías, guardias civiles, médicos forenses, representantes sindicales, asociaciones de mujeres… El elenco ha sido multidisciplinar. Éste ha sido un evento único en España. Durante 48 horas hemos compartido experiencias, hemos intercambiado ideas, propuestas, hemos reforzado la red que está luchando contra la violencia doméstica y de género», añade la presidenta del Observatorio.
Flanqueada por Filomena Peláez, decana del Colegio de Abogados de Badajoz y presidenta de la Subcomisión de Violencia contra la Mujer del Consejo General de la Abogacía Española, y Pilar Martín Nájera, fiscal de Sala contra la Violencia sobre la Mujer en el Tribunal Supremo, sucesora de la desaparecida Soledad Cazorla, Carmona clausuró el VII Congreso con la lectura de las conclusiones.
Una de las más llamativas es la petición de modificación del artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que establece la dispensa de declarar al cónyuge o pareja de hecho para que las mujeres que denuncian no se echen atrás a la hora de declarar.
Esta es una cuestión que ha sido muy debatida en el mundo jurídico. Supone que la mujer víctima de violencia de género, una vez que haya declarado en fase de instrucción y haya puesto al denuncia no pueda retractarse en el juicio oral y tenga la obligación de testificar; en la actualidad, muchas de estas mujeres se acogen a esa dispensa y optan por no declarar en el juicio contra su pareja.
Los asistentes al Congreso también han propuesto la supresión e la atenuante de confesión para este tipo de delitos y la obligación de que la víctima tenga asistencia letrada desde antes de la interposición de la denuncia.
Otra de las medidas encaminada a mejorar la protección de las víctimas de este tipo de violencia sobre cuya necesidad han coincidido los participantes en el foro es la comunicación a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de las denuncias presentadas por comparecencia en el Juzgado, de modo que consten en el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (Viogen) y se pueda valorar el riesgo de la víctima.
Asimismo, también han planteado la necesidad de ampliar el concepto de violencia de género, contemplado en el Convenio de Estambul, publicado en el Boletín Oficial del Estado el 6 de junio de 2014 y ya en vigor, que ha obligado a adaptar la legislación española en varios sentidos.
Por ello, consideran necesario que el legislador incluya las nuevas conductas consideradas como violencia sobre la mujer en ese texto en la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.
Hasta ahora se ha modificado el Código Penal para introducir nuevos tipos penales como el acoso, los matrimonios forzados o el «sexting», así como la circunstancia agravante de discriminación de razón de género; se ha establecido la consideración de los hijos e hijas como víctimas directas de la violencia sufrida por sus madres y se ha aprobado el Estatuto de la Víctima, garantizando sus derechos tanto dentro del proceso penal como fuera del mismo.
Los participantes también consideran imprescindible conseguir la ruptura del silencio de las víctimas, informándolas y asistiéndolas desde el primer momento y ayudándolas, acompañándolas, protegiéndolas y garantizándoseles una ayuda integral, de modo que sean conscientes de que la Justicia y las instituciones están siempre de su lado.
Las conclusiones señalan, no obstante, que para conseguir ese objetivo es necesaria la implicación de la sociedad y de las personas que rodean a las víctimas: familia, amigos, compañeros de colegio, ámbito laboral y ámbito sociosanitario.
