Bajan por primera vez del 10% las víctimas que no declaran contra su agresor. Foto: Carlos Berbell
Tres de cada cuatro juicios por violencia de género celebrados en el tercer trimestre del año acabaron con sentencias condenatorias
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18/12/2019 00:00
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Actualizado: 18/12/2019 00:00
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Tres de cada cuatro juicios penales celebrados en nuestro país por violencia de género durante el tercer trimestre del año concluyeron con la condena de los acusados de malos tratos, según los datos del Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), publicados hoy por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género.
Los órganos judiciales españoles dictaron 11.634 sentencias penales en el ámbito de la violencia de género, de las que el 74,6% (8.684) fueron condenatorias, lo que supone un incremento de 2,5 puntos respecto a las sentencias condenatorias dictadas en el mismo trimestre de 2018, que representaron un 72,1% del total.
El mayor porcentaje de condenas se produjo en los juzgados de violencia sobre la mujer, con un 91,1%, seguido de las Audiencias Provinciales, con un 80%. Un 58,2% de las sentencias dictadas por los juzgados de lo penal también fueron condenatorias.
Un total de 43.349 mujeres aparecen como víctimas de violencia de género en las 45.122 denuncias presentadas en los órganos judiciales durante el tercer trimestre de 2019, según estos datos, que reflejan importantes incrementos tanto en el número de denuncias como en el de mujeres víctimas.
Las denuncias presentadas suponen un incremento del 3,6% con respecto a las interpuestas ante los órganos judiciales en el mismo trimestre del año anterior, que fueron 43.559.
En cuanto al número de mujeres víctimas, la cifra experimentó un incremento de un 6,5%, ya que en el tercer trimestre de 2018 fue de 40.718.
De ellas, 29.107 mujeres eran españolas (un 67,1%) y 14.242, extranjeras (un 32,9%).
En cuanto a la ratio de mujeres víctimas de violencia de género por cada 10.000 mujeres, destacan por encima de la media nacional, que fue de 18,1, las comunidades de Baleares, con una ratio de 33,7; Canarias, con una tasa del 24,7; y la Comunidad Valenciana, con 24,2, mientras que la ratio más baja se dio en Galicia, con una de 10,7, seguida de Castilla y León, con una ratio de 11,7, y de Extremadura, con una tasa de 12,1.
Casi un 72% de las denuncias fueron presentadas por la propia víctima, directamente en el juzgado o a través de los correspondientes atestados policiales, lo que supone un incremento de casi dos puntos sobre el porcentaje observado en el tercer trimestre del año anterior.
Las denuncias por intervención directa de la policía se sitúan en el 13,3% de los casos –dato inferior al año anterior- constatándose un notable incremento en las denuncias presentadas por familiares, que llegaron a un 2,77% del total (frente al 1,40% en el tercer trimestre de 2018).
Algo más de un 9,5% de las denuncias registradas en los órganos judiciales obedecieron a partes de lesiones remitidos por los servicios sanitarios y algo más de un dos por ciento a denuncias presentadas por servicios asistenciales y terceras personas.
Aunque en valores absolutos se incrementó en algo más de tres puntos el número de víctimas que se acogieron a la dispensa legal a la obligación de declarar como testigo, prevista en el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, poniendo esta cifra en relación con el número de mujeres víctimas, la ratio descendió un 3,14%.
En 4.592 casos (en el entorno de las 45.122 denuncias presentadas) la víctima renunció a seguir con el proceso, al acogerse a la dispensa legal a la obligación de declarar.
En 2.756 casos, las mujeres que se acogieron a la dispensa eran españolas y en 1.836 casos, eran extranjeras. Puestas en relación estas cifras con el total de mujeres víctimas, se observa que la ratio de mujeres víctimas que se acogen a la dispensa es superior en las mujeres extranjeras (12,89) que en las mujeres españolas (9,47).
MÁS SOLICITUDES Y MÁS ÓRDENES DE PROTECCIÓN
Un total de 10.973 órdenes de protección (que incluyen también las medidas de protección y seguridad de las víctimas) fueron solicitadas en los juzgados de violencia sobre la mujer, lo que supone un incremento del 6,98% respecto al tercer trimestre de 2018, en que se solicitaron 10.257 órdenes de protección.
Éstos juzgados concedieron un 72,6% de las órdenes de protección solicitadas (7.961 adoptadas frente a 10.973 solicitadas), previstas en los artículos 544 ter y 544 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, lo que supone un importante incremento de 4,6 puntos respecto del dato del tercer trimestre del año anterior, en que se concedió el 68% de las órdenes de protección solicitadas.
De las órdenes de protección solicitadas en los juzgados de violencia sobre la mujer, un 67,4% correspondieron a mujeres españolas y un 32,6%, a extranjeras. 171 órdenes de protección correspondían a mujeres menores de edad, un 1,6% del total.
En cuanto a las órdenes de protección solicitadas en los juzgados de guardia (1.754), se acordaron 1.390, un 79%, con un incremento interanual de cuatro puntos. En cuanto a la nacionalidad de las víctimas, 7 de cada 10 víctimas que solicitaron orden de protección eran españolas.
Los órganos judiciales adoptaron igualmente en el tercer trimestre del año, y derivadas de las órdenes de protección y de otras medidas cautelares, un total de 4.827 medidas civiles de protección de mujeres y/o menores víctimas de la violencia de género, incrementándose así notablemente la cifra de 4.378 medidas adoptadas en igual trimestre del año anterior.
De esas medidas civiles, destaca el número de medidas de atribución de la vivienda (1.313) y de prestación de alimentos (1.656). En 309 casos, se ha procedido judicialmente a la suspensión de la guarda y custodia, y en 240 casos a la suspensión del régimen de visitas.
Se acordaron 18.756 medidas penales de protección (frente a 17.044 del mismo trimestre del año anterior), de las que destacan la orden de alejamiento, adoptada en 7.130 casos, y la prohibición de comunicación, acordada en 6.902 casos. Asimismo, se adoptaron 401 medidas privativas de libertad.
CARMONA: ‘NO HAY IMPUNIDAD ALGUNA Y EL ESTADO DE DERECHO FUNCIONA’
La presidenta del Observatorio, Ángeles Carmona, vocal del CGPJ, ha valorado de manera «muy positiva» algunos aspectos que arrojan las estadísticas sobre violencia de género conocidas hoy, entre las que sobresale «el importante incremento de las condenas a maltratadores, que alcanzan la cifra de casi un 75% del total de las sentencias dictadas».
Ángeles Carmona, presidenta del Observatorio contra la violencia doméstica y género del CGPJ. Foto: Confilegal.
También valora positivamente el «incremento de las medidas civiles y de las medidas penales tendentes a la protección de las víctimas de violencia de género, tanto mujeres como menores», así como el «importante incremento del porcentaje de órdenes de protección concedidas, más de un 72% en los juzgados de violencia sobre la mujer y superior al 79% en los juzgados de guardia».
«Una vez más, el mensaje a trasladar a la ciudadanía tiene que ver con que, pese a todos los imponderables que coexisten en una materia tan sensible como es la violencia de género, no hay impunidad alguna y el Estado de Derecho funciona», ha señalado Carmona.
Al constatar el aumento de las denuncias (un 3,6% más que en el tercer trimestre de 2018), la presidenta del Observatorio pone el acento, por un lado, en «la importancia de la visibilidad de la violencia machista» y, por otro, «en el valor de la denuncia como pieza esencial para la puesta en marcha del sistema de protección de la víctima y de persecución del maltratador».
Como aspecto también positivo, Ángeles Carmona resalta el aumento de las denuncias presentadas por familiares, que «aunque resulten aún escasas evidencia la importancia de una mayor implicación del entorno de las víctimas».
La presidenta del Observatorio ha reiterado su «convencimiento de que el trabajo y la unión de todos los estamentos implicados acabarán por vencer en la lucha contra la violencia de género».
«El recuerdo de las víctimas nos obliga a pedir que nadie desfallezca en el compromiso. Aspiramos a una sociedad culta y madura, que hunda sus más profundas raíces en la igualdad, la libertad, el respeto y la justicia. Y en la que no tiene cabida ninguna manifestación de violencia hacia mujeres y menores», ha expresado.
JUZGADOS DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER
Los juzgados de violencia sobre la mujer celebraron en el tercer trimestre del año un total de 1.552 juicios sobre delitos leves, de los que un 44% (680) fueron de enjuiciamiento inmediato. En un 78% de los casos los juicios fueron por supuestas injurias o vejaciones injustas.
Estos juzgados dictaron entre julio y septiembre 5.757 sentencias (derivadas de los juicios celebrados más las conformidades) de las que un 91,1% (5.245) fueron condenatorias, casi dos puntos porcentuales más que en el mismo trimestre de 2018.
En ese trimestre, los juzgados de violencia sobre la mujer ingresaron 57.950 asuntos penales.
El perfil de los delitos instruidos en estos juzgados apenas sufre variación respecto a datos anteriores, ya que el mayor porcentaje, un 54,1%, corresponde al delito de maltrato habitual contemplado en el artículo 153 del Código Penal y un 12,4% al maltrato previsto en el artículo 173 de la misma norma.
Los juzgados de violencia sobre la mujer tramitan, asimismo, demandas civiles –mayoritariamente divorcios y medidas sobre la guarda y custodia- presentadas por las mujeres víctimas de malos tratos. En el tercer trimestre de 2019 estas demandas sumaron un total de 4.565, cifra superior a la del mismo trimestre de 2018, que fue de 4.386, aunque manteniendo la tendencia de una baja proporción de asuntos civiles ingresados respecto al total de denuncias penales presentadas.
JUZGADOS DE LO PENAL
Los juzgados de lo penal, que enjuician los delitos castigados con hasta cinco años de cárcel, resolvieron un total de 6.077 asuntos, cifra superior al mismo trimestre del año anterior, que fue de 5.674. Los asuntos ingresados fueron 6.896 (6.404 en el tercer trimestre de 2018).
Estos juzgados dictaron 5.807 sentencias, de las que el 58,26% (3.383) fueron condenatorias, lo que indica un incremento porcentual de tres puntos respecto del año anterior, que fue de un 55,19%.
AUDIENCIAS PROVINCIALES
En las Audiencias Provinciales, cuyas secciones especializadas en violencia sobre la mujer enjuician los delitos más graves, con penas privativas de libertad superiores a cinco años, se dictaron 70 sentencias, 56 de las cuales fueron condenatorias, lo que representa un 80%, dos puntos por debajo del mismo trimestre de 2018, en que el porcentaje de condenas fue del 82,1%.
JUZGADOS DE MENORES
Los juzgados de menores enjuiciaron en el tercer trimestre del año a 69 menores de edad por delitos cometidos en el ámbito de la violencia contra la mujer. Se impusieron medidas en un 98,2% de los casos, afectando a 68 menores, de los que 53 eran españoles.
En este tercer trimestre del año se ha detectado un importante incremento en el número de menores enjuiciados, 69, frente a los 47 menores del tercer trimestre de 2018.
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El Observatorio contra la violencia doméstica y de género fue creado en año 2002, y tiene su sede en el edificio del Consejo General del Poder Judicial.
Está integrado actualmente por el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, el Ministerio del Interior, la Fiscalía General del Estado, las CCAA con competencias transferidas en Justicia, el Consejo General de la Abogacía Española y el Consejo General de Procuradores de España.
Su finalidad principal consiste en abordar el tratamiento de estas violencias desde la Administración de Justicia.
Entre los diferentes objetivos que justificaron su constitución está el aumentar la eficacia de las actuaciones en el ámbito de la Administración de Justicia, para la erradicación de estas violencias; mejorar la coordinación entre las instituciones, participando en la elaboración de protocolos de actuación; realizar estudios y análisis de las resoluciones judiciales así como propuestas de mejoras y reformas legislativas; hacer un seguimiento estadístico del fenómeno en el ámbito judicial; y diseñar e impulsar un plan de formación especializada de los miembros de la carrera judicial y fiscal y demás personal al servicio de la Administración de Justicia.
Es un instrumento de análisis y de actuación que en el ámbito de la Administración de la Justicia promueve iniciativas y medidas «dirigidas a erradicar el problema social de la violencia doméstica y de género».
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