Que la Justicia necesita reformas urgentes y de calado es una verdad que todos los actores jurídicos compartimos. Que para llevarlas a cabo, es imprescindible un diálogo abierto, profundo y constructivo también lo es.
La continuidad de Rafael Catalá al frente de la cartera de Justicia es una buena noticia porque conoce muy bien la Administración de Justicia y porque ha dado muestras durante sus dos años al frente del Ministerio de su carácter dialogante.
Hay que reconocer que llegó a un Ministerio “en llamas”, tras la pésima gestión de Alberto Ruiz-Gallardón, quien había logrado en solo media legislatura la unidad de todos los actores jurídicos en contra de su gestión.
Catalá tuvo que comenzar apagando muchos fuegos y lo hizo escuchando a todos los estamentos que forman parte del mundo de la Justicia y atendiendo alguna de sus reivindicaciones. Por ejemplo la eliminación de las tasas judiciales para las personas físicas (aunque seguimos exigiendo su derogación total) o la paralización de una Ley de Justicia Gratuita que la Abogacía no podía de ninguna manera aprobar.
Necesaria y afortunadamente, en esta legislatura se impone el diálogo para lograr acuerdos en los grandes temas de Estado, y la Justicia es uno de los principales. No puede seguir siendo la gran olvidada de la política.
Pero la voluntad para resolver los muchos problemas que afectan tanto a los profesionales de la Justicia como a los justiciables no se demuestra solo con diálogo y consenso, sino que es imprescindible la correspondiente asignación presupuestaria, la dotación de medios humanos y materiales que transformen en realidades las buenas palabras.
Un buen gesto del ministro Catalá y del recién estrenado Gobierno para comenzar a demostrar esa voluntad sería actualizar los baremos para actualizar la injusta remuneración de los profesionales que ejercen en el Turno de Oficio –que en buena parte de España no se han tocado ¡desde 2003!- y que con su trabajo defienden los derechos de los ciudadanos con más dificultades para acceder a la Justicia.
El ministro sabe que cuenta con la Abogacía para acometer las reformas procesales y legislativas necesarias encaminadas a lograr la justicia ágil, moderna y transparente que nuestro país necesita.
Desde el día siguiente de mi toma de posesión, el Consejo General de la Abogacía Española está trabajando, junto con asociaciones de jueces y fiscales, en la elaboración de una serie de medidas que presentaremos al ministro a la mayor brevedad posible para hacer realidad ese Pacto por la Justicia que todos deseamos.
Confiamos en que pronto sea una realidad, y no sea como ese Godot al que todos esperan pero que nunca llega.
