El Comité de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha requerido al Estado español a responder a la denuncia presentada por la conocida abogada especializada en derechos humanos, Helen Duffy, en nombre de Baltasar Garzón, exmagistrado de la Audiencia Nacional, quien fue inhabilitado hace cuatro años por el Tribunal Supremo. El Gobierno tiene ahora un plazo máximo de seis meses para contestarla.
Helen Duffy, socia directora del despacho internacional Human Rights in Practice, que tiene su sede en La Haya, Holanda -especializado en la defensa de casos de derechos humanos desde hace 20 años- argumenta, en su escrito, el carácter arbitrario de las investigaciones y enjuiciamientos penales interpuestos contra el juez Garzón, que llevaron a su inhabilitación y pusieron fin a su larga carrera judicial.
Duffy explica que, entre los numerosos casos en los que el juez Garzón autorizó llevar a cabo investigaciones, se encuentran los relativos a los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el período franquista así como casos de corrupción que supuestamente relacionan a altos cargos del actual partido en Gobierno, el Partido Popular.
Se abrió, asimismo, contra el magistrado simultáneamente un tercer proceso que había sido archivado en dos ocasiones anteriores y que tras la condena se archivó de forma inmediata, pues había prescrito tiempo atrás.
Esta prescripción era suficientemente conocida por el juez instructor que aun así mantuvo abierto el proceso, según la abogada.
«Los procedimientos penales iniciados contra el Juez Garzón -explica Duffy- se fundamentaron exclusivamente en su interpretación y aplicación de la ley. Ello representa una flagrante violación del principio de independencia judicial que deriva del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y del derecho internacional de los Derechos Humanos, asimismo supone la violación de múltiples derechos protegidos por el mencionado Pacto».
Tras años de investigación, suspensión y enjuiciamiento, en uno de los procedimientos penales instados contra el juez Garzón éste fue absuelto, mientras que en el otro procedimiento fue condenado. No obstante, las violaciones de sus derechos y el efecto desalentador causado con respecto al principio de independencia judicial no dependen del resultado final de un procedimiento penal.
La denuncia ha sido respaldada por un número de expertos internacionales del más alto nivel quienes han presentado dictámenes periciales conjuntos, entre los que se encuentran Mohammaed Ayat, Tim McCormack, Juan Mendez, Pedro Nikkei, Naomi Roht-Arriaza, Eugenio Raúl Zaffaroni, Carlos Ayala, Azhar Cachalia, Leandro Despouy, Frank William La Rue, Manfred Nowak, Wilder Taylor y Araceli Manjon-Cabeza Olmeda.
Los dictámenes examinan una serie de cuestiones que son de relevancia para la determinación del caso por parte del Comité de los Derechos Humanos, incluyendo: a) los estándares internacionales respecto a la independencia judicial en la que se basa este caso; b) la invalidez de leyes de amnistía y las normas sobre plazos de prescripción aplicables en el derecho internacional y en la práctica, en consonancia con los hechos aplicables del Juez Garzón; y c) la interpretación sin precedentes de la Ley de Prevaricación aplicada en el marco de los procedimientos instados contra el Juez Garzón.
A pesar de la notoriedad del caso que ha sido ampliamente criticado a nivel internacional, Baltasar Garzón no ha obtenido reconocimiento alguno por parte del Estado Español, no ha habido ningún tipo de reparación, ni tampoco se han realizado esfuerzos para garantizar la independencia judicial en el futuro.
Sobre esta base, a principios de este año Garzón decidió presentar su denuncia ante el Comité de los Derechos Humanos.
