Firmas
La reforma de la Justicia y las promesas de Rafael Catalá
24/11/2016 05:58
|
Actualizado: 07/3/2022 14:16
|
No les negaré que muchos de los que nos dedicamos al sector jurídico hemos visto con buenos ojos algunas de las promesas que el recién nombrado ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha ido anunciando desde que tomó posesión de su nuevo cargo.
La Justicia y el Estado de Derecho son dos pilares fundamentales en democracia, de cualquier estado libre, como es el caso de España. Del correcto funcionamiento de la Administración de Justicia dependerán, en buena medida, las aspiraciones de nuestra sociedad para lograr objetivos tan importantes como la libertad y la igualdad de los administrados.
Con la Justicia, uno de los principios fundamentales tanto para el correcto desenvolvimiento y desarrollo de la sociedad en su conjunto, como para la protección de los derechos de sus ciudadanos en particular, se hace posible lo que, ya en el Derecho Romano, definió perfectamente el jurista Ulpiano: «Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi« (La justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno su derecho)
Pues bien, como les decía al inicio, Rafael Catalá, ha prometido una profunda y necesaria reforma de la Justicia para nuestro país. Para saber si esos cambios anunciados por el ministro, son o no positivos y, sobre todo, eficientes, obviamente, habrá que esperar a que se vayan produciendo. Aunque, lo hasta ahora leído y escuchado, no parece apuntar en mala dirección.
No obstante, también hay que exigir que estas reformas se traduzcan en realidad y, no, en meras promesas o palabras huecas (cosa a la que, por desgracia, ya estamos demasiado habituados, por algunos otros que antecedieron en el cargo al actual ministro de Justicia)
Entrando en el fondo de las materias a las que se ha venido refiriendo Catalá, incidiendo en sumar todos los medios técnicos y humanos posibles para acometer la reforma de la administración de justicia, me referiré y comentaré sobre las siguientes:
1.- Sobre el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial:
A mi juicio, este es uno de los temas que más urge reformar. Lo es, porque, tras la Ley Orgánica del CGPJ, aprobada en 1985 por el entonces gobierno socialista de Felipe González, se dinamitó la necesaria separación de poderes, afectando a la independencia judicial, precisamente, por quedar contaminada por el poder ejecutivo y legislativo, quienes podrían, desde ese instante, nombrar hasta 12 miembros del total de los 20 que conforman dicho Consejo.
Este sistema es el que sigue funcionando actualmente, salvo por una tímida y ligera reforma acometida por la L.O. 2/2001, de 21 de junio, que modificó el art. 112 LOPJ, reformando el procedimiento de elección de vocales procedentes de la magistratura. Desde dicha reforma, las asociaciones profesionales de la judicatura o las agrupaciones de jueces que sumen, al menos, el 2% del total que se encuentre en servicio activo, pueden presentar a las cámaras un total de treinta y seis candidatos, de los cuales el Congreso elegirá a seis y los otros seis serán elegidos por el Senado de entre los treinta restantes.
Por su parte, Alberto Ruiz-Gallardón, ministro de Justicia del gobierno del Partido Popular anunció en 2012 su intención de cambiar la forma de elección de los doce vocales magistrados del Consejo General del Poder Judicial, volviendo al antiguo sistema de elección directa por parte de los jueces que se abandonó en 1985.
Pero, finalmente, su promesa, quedó en papel mojado y el ministro llevó al Consejo de Ministros un anteproyecto de reforma del CGPJ contraria al programa del PP, ya que en el mismo se establecía que la elección los veinte vocales del órgano de gobierno de los jueces se realizara directamente por el Parlamento, sin elecciones previas en la carrera judicial. Ruiz-Gallardón consideró que la reforma, consensuada con el PSOE, contribuiría a despolitizar la justicia.
Es evidente que, en este punto, el actual ministro de justicia, Rafael Catalá, puede y debe volver a «democratizar» la elección del máximo órgano de los jueces y, sobre todo, resucitar de una vez por todas a Montesquieu, en pro de la necesaria independencia entre poderes ejecutivo, legislativo y judicial.
2.- Mejorar la organización en la Administración de justicia:
Otro de los propósitos de Catalá pasa por lograr una Justicia mejor dotada y mejor organizada, con más recursos, con una planta judicial más eficaz gracias a su especialización y con un sistema procesal común en toda la Administración de Justicia.
Sobre este punto cabe recordar y, es evidente, que tenemos y sufrimos una justicia lenta y arcaica. Los propios abogados, fiscales, jueces, …, todos los operadores jurídicos que conocemos y padecemos la enorme y frustrante burocracia de la administración, sabemos que, así, no se puede trabajar en condiciones mínimas para garantizar un buen servicio a nuestros clientes, ni a la generalidad de los administrados que precisan de los servicios de la justicia en España.
Juicios señalados a dos, tres, cuatro años desde la admisión a trámite de las demandas; Vistas atrasados y/o anuladas, una y otra vez, por falta de medios personales; Expedientes amontonados en las secretarías de los juzgados; Comunicaciones entre letrados y juzgados por fax, ¡sí por fax! Administración propia de siglos pasados…
3.- Transformación digital:
Una de las reformas ya iniciadas va dirigida a lograr este objetivo. El proceso de digitalización, se llama LexNet y, se traduce en la obligación de realizar todas las comunicaciones con la Administración de Justicia de manera telemática. La idea no sólo parece buena, sino que es más que necesaria, precisamente para paliar lo apuntado anteriormente. Ahora bien, no cabe duda de que este proceso también requiere de medios que, hasta la fecha, no parece que se estén poniendo a disposición de los operadores jurídicos. Y, de ahí, que la gran idea de «papel cero» esté causando muchos problemas de adaptación al nuevo sistema.
Para cualquier cambio de procesos internos dentro de una empresa, se precisa también de una inversión en formación y de medios técnicos y/o personales que cubran las necesidades iniciales para la correcta transición de los procesos que se quieran implementar. Si hablamos de la Administración, aunque solo sea por su enorme tamaño, esa inversión aún debe de dotarse de más medios y, ésta, aún no ha llegado. Por ello, tenemos aún a juzgados más colapsados que antes de LexNet, puesto que aún no han podido adaptarse a estos cambios y no pueden recepcionar los escritos por dicha vía digital.
4.- Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal:
Otra de las medidas sobre la que Rafael Catalá ha mostrado su intención de acometer es la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
En este punto, hay que recordar que la actual Ley de Enjuiciamiento Criminal data del siglo XIX (LEY 1/1882) y, aunque se han ido incorporando algunas reformas de menor calado, obviamente, parece razonable su actualización a las nuevas realidades y necesidades de la sociedad.
Con la reforma de esta Ley, además, se pretenden objetivos plausibles, tales como que los jueces puedan resolver las instrucciones en plazos más cortos. Como el propio ministro ha declarado en varias ocasiones, la justicia «tiene que ser más ágil, más cercana al ciudadano y los jueces también tienen que estar comprometidos en resolver las instrucciones en plazos razonables» Estos plazos razonables, según palabras de Catalá, deberían de coincidir con las medias de los tiempos que la Fiscalía informa que tarda en la actualidad: seis meses para causas sencillas y 18 meses para las causas complejas. Esos plazos siempre son ampliables, pero será la decisión del juez y el fiscal los que, en su caso, acrediten que hay motivación suficiente para ampliar una causa.
Estos puntos significan, únicamente, la punta del iceberg de una reforma de gran calado que el ministro Rafael Catalá , quiere acometer en la Administración de Justicia. Para llevarla a cabo necesitará del acuerdo y apoyo de la mayoría de los diputados del Congreso, pues están en juego leyes orgánicas que así lo precisan.
Esperemos que, por el bien de los administrados, de la sociedad en su conjunto y, sobre todo, para la estabilidad de uno de los principios fundamentales sobre los que se asienta nuestra democracia, esta vez, sí, veamos cumplidas y realizadas las promesas de un ministro de Justicia.
Otras Columnas por Carlos D. Lacaci:
